(Ana Delicado Palacios) Las tres centrales obreras de Argentina impugnaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la reforma laboral del Gobierno argentino por considerar que incumple con normas internacionales del trabajo, contó a la Agencia Sputnik uno de los tres cosecretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Solá.
«En nombre de las tres centrales obreras, denuncié ante la OIT los graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo que supone la reforma laboral del Gobierno», refirió el cotitular de la principal central gremial del país.
El dirigente sindical cuestionó el «desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo» durante su intervención en la víspera en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se celebró en Ginebra, Suiza.
En nombre de la CGT y de las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Solá aseguró que «lo que ocurre en Argentina no son reformas aisladas, sino que es la construcción de un proyecto político, económico e institucional orientado a redefinir, de raíz, el modelo de relaciones laborales vigente desde la recuperación democrática argentina».
Según expuso ante la OIT, el Ejecutivo del presidente Javier Milei parte de «una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía».
«No es una interpretación nuestra; es la confesión de quien, en su cargo de presidente de la Nación, hoy administra el Estado y se define a sí mismo como un «topo» encargado de destruirlo desde adentro, mientras pregona que la justicia social es una aberración violenta e injusta», recordó.
El cosecretario general de la CGT, que a su vez se desempeña como secretario general del Sindicato del Seguro, observó también que el jefe de Estado aseguró que la justicia social era «el cáncer de Argentina».
«Y ese criterio de justicia social, promovido y garantizado por esta Organización Internacional del Trabajo, es justamente lo que coloca a las personas en el centro de toda normativa tendiente a la protección de las y los trabajadores», planteó.
La exposición de Solá ante la OIT, que se produjo en el ámbito de la Comisión de Aplicación de Normas, referida a los convenios internacionales del organismo, buscó alertar además sobre «un proceso de transformación estructural que afecta la posibilidad de diseñar, coordinar, implementar y fiscalizar políticas laborales en todo el territorio nacional».
El dirigente sindical observó que el Convenio 150 sobre la administración del trabajo «exige un sistema de administración coordinado, eficaz y dotado de legitimidad social».
Sin embargo, desde la asunción de la actual gestión desde diciembre de 2023, «se han reducido estructuras orgánicas del Estado, se ha desvinculado masivamente a personal especializado y se ha liquidado la capacidad técnica operativa acumulada durante años para intervenir en el mundo del trabajo», enumeró.
A través de Solá, las centrales obreras también acusaron al Ejecutivo argentino de vulnerar los convenios 81 y 129 de la OIT, sobre las inspecciones de trabajo, y el 144, que obliga a los Estados parte a entablar un diálogo tripartito entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores.
El referente gremial también denunció la destrucción de otros sistemas fundamentales del Estado, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Tras hacer estos planteamientos, Solá acusó al Gobierno de Milei de ejecutar una «política de criminalización del conflicto social» al priorizar «el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes por encima de la mediación institucional».
El Gobierno argentino oficializó el lunes varias normas incluidas en la nueva reforma laboral, como el que constituye un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en reemplazo de las indemnizaciones, el que introduce cambios en la negociación colectiva o el que incorpora controles sobre los sindicatos.
La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo obtuvo media sanción en el Senado el 12 de febrero, y tras eliminarse un polémico artículo sobre la reducción de las licencias laborales por enfermedad, la norma fue aprobada en Diputados y finalmente sancionada por la cámara alta el 27 de febrero con 42 votos a favor, 28 votos en contra y 2 abstenciones. (Sputnik)
