El proyecto busca proteger el trabajo en las cuencas petroleras, evitar que los costos recaigan sobre el Estado y garantizar que las empresas financien el cierre de pozos y la remediación ambiental de las áreas que abandonan.
El diputado nacional José Glinski (UxP) presentó hoy en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Remediación de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos y Transición Energética Justa.
La iniciativa busca cubrir un vacío regulatorio histórico en Argentina: la inexistencia de una norma que obligue a las petroleras a hacerse cargo del cierre de los pozos y de la remediación ambiental de las áreas que abandonan. Al mismo tiempo, propone transformar esas tareas en una oportunidad para sostener y generar empleo en las comunidades históricamente vinculadas a la actividad hidrocarburífera.
«Argentina tiene 12 leyes nacionales de presupuestos mínimos ambientales. Ninguna regula los pasivos hidrocarburíferos. Es el vacío más caro de la historia ambiental argentina», expresó Glinski.
El proyecto sostiene que las petroleras no pueden llevarse los beneficios de la actividad y dejarle a las comunidades, a las provincias y al Estado los costos ambientales y económicos del cierre de los yacimientos.
La propuesta establece presupuestos mínimos de protección ambiental conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional, sin alterar las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
En ese sentido, la iniciativa contemplan la creación de: un Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos , financiado por aportes obligatorios de las empresas titulares de concesiones; un Registro Nacional de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos de acceso público, gratuito e irrestricto; garantías financieras obligatorias para cubrir las tareas de abandono, cierre, remediación y monitoreo posterior; responsabilidad objetiva y solidaria de las operadoras , que subsiste aún en casos de cesión, quiebra o disolución de las empresas; y un régimen específico para la transferencia de áreas , con auditoría técnica independiente y acreditación de solvencia del cesionario.
Una respuesta a la realidad de Chubut
El proyecto surge en un escenario de retiro masivo de operadoras de las áreas convencionales del país. El caso de YPF en Comodoro Rivadavia —donde la provincia firmó un acuerdo por USD 25 millones que libera a la empresa de la remediación de 334 pozos offshore en el área Restinga Alí— y el traspaso de El Trébol-Escalante a PECOM con los pasivos ambientales incluidos son algunas de las referencias inmediatas.
«Comodoro Rivadavia es la capital del petróleo desde 1907. Después de 118 años de hospitalidad con la industria, lo mínimo que podemos pedir es que cuando se vayan, tapen los pozos», expresó el diputado.
Trabajo, ambiente y recursos públicos
Una de las novedades del proyecto es la incorporación del principio de transición energética justa con sostenimiento del empleo. El texto plantea que las tareas de cierre, abandono y remediación se integren al proceso productivo como una etapa más, generadora de empleo local en las comunidades históricamente vinculadas a la actividad hidrocarburífera.
Al fundamentar el proyecto, Glinski expresó que «el cierre de un pozo no es el final del trabajo, es trabajo en sí mismo». Dado que «implica ingeniería, monitoreo técnico, sellado, restauración ecosistémica y seguimiento durante años, esa tarea puede y debe ser realizada por quienes hoy ya saben hacerla: los trabajadores petroleros de las cuencas argentinas».
«Esta ley parte de una idea muy simple: las petroleras tienen que hacerse cargo de los costos que generan. Queremos proteger el trabajo, cuidar el ambiente y evitar que los recursos públicos terminen financiando obligaciones que les corresponden a las empresas. El cierre de pozos y la remediación ambiental pueden generar empleo y oportunidades para nuestras comunidades. Si la riqueza salió de la Cuenca, los pasivos no pueden quedarse en la Cuenca», concluyó Glinski.
