(Ana Delicado Palacios) La cuarta marcha federal en defensa de la universidad pública se hizo sentir el martes en toda Argentina, con la participación de más de un millón y medio de personas, según los organizadores, que colmaron las calles de distintas ciudades para exigir al Gobierno de Javier Milei la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y ratificada en el Congreso pese a los intentos presidenciales por vetarla.
«A esta marcha han venido tantas personas porque toca una fibra muy sensible del pueblo argentino. La educación pública nos atraviesa la vida», señaló a la Agencia Sputnik Leonardo Fioretta, un docente universitario que participó junto a su familia en esta movilización, al igual que en las anteriores.
Su pareja, Marina Lorenzo, también es docente en la misma Universidad de Hurlingham, una de las últimas casas de estudios superiores creadas durante la gestión de Cristina Fernández (2007-2015) situada en un municipio al oeste de la provincia de Buenos Aires (este). Creada en 2014, la institución está «inmersa en un barrio donde hay una sociedad que nunca pensó en ser primera generación universitaria, y yo me incluyo», indicó la mujer.
Por eso la defensa de la educación pública «es un bastión de la sociedad argentina» y un «eje del crecimiento ascendente social», postuló y consideró que la resistencia del Ejecutivo a cumplir con la legislación «tiene que ver con que no cree en lo público, en el derecho de que el pueblo tenga derecho a estudiar en una universidad gratuita, pública y de calidad».
«Tenemos una tradición histórica de que nuestro Estado, siempre vinculándose al sistema educativo, ha financiado, ha creado políticas educativas e instituciones universitarias», intervino Leonardo. «Pero el Gobierno de Milei quiere desligarse de esta responsabilidad histórica, por eso tenemos que estar en todas las movilizaciones», añadió.
DESFINANCIAMIENTO
Desde diciembre de 2023, cuando asumió la actual gestión, hasta 2026, las transferencias a las universidades han caído 45,6 por ciento, una reducción de recursos «inédita», según señalaron referentes universitarios que tomaron la palabra ante la multitud reunida en la Plaza de Mayo en el centro de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
«Lo más angustiante hoy es la situación que atraviesan los trabajadores de la educación superior. (…) ¡Cumplan con la ley!», exhortó desde el escenario Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), institución que reúne a los rectores de las 61 universidades públicas del país, de 14 casas de estudio e institutos provinciales.
Escuchaba con atención Verónica, una empleada doméstica que participó en esta manifestación acompañada de su hijo, estudiante de la Universidad Nacional de Moreno, situada también en una localidad al oeste del distrito bonaerense.
«La educación es un pilar fundamental, como la salud y el trabajo, y las únicas maneras que un país tiene de salir adelante. Al Gobierno se le olvidó que está ahí para defender los derechos del pueblo (…( Yo no habría podido mandar a mi hijo a una universidad privada, y tampoco querría, porque la pública es considerada una de las mejores», dijo Verónica.
Morena del Valle, Anabela Juarez y Azul Lofaro son tres jóvenes universitarias que acudieron a la marcha federal, dos de ellas por primera vez. Anabela explicó que sus padres son hijos de la universidad. «Yo también quiero serlo, y quiero que lo sean mis hermanos», afirmó.
Sus compañeras son primera generación universitaria. «Mi papá es obrero y toda la vida quiso que estudiáramos, que lo superáramos para tener un buen futuro. Pero el Gobierno quiere sacar estas posibilidades que básicamente dio (Juan Domingo) Perón», apostó Azul en alusión al general y expresidente (1946-1955 y 1973-1974).
Desde la Plaza de Mayo, el CIN, el Frente Sindical de Universidades que reúne a los sindicatos docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa a más de dos millones de alumnos, reclamaron la intervención de la Corte Suprema.
«La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública», reclamaron.
El Gobierno incumple con la Ley de Financiamiento Universitario por considerar que «su aplicación implica un gasto de 1,9 billones de pesos» (1.342 millones de dólares).
La Ley de Financiamiento Universitario establece la reapertura de las negociaciones salariales para los trabajadores de las universidades, reconoce fondos para becas y para el funcionamiento de las casas superiores de estudios, y crea un fondo de 10.000 millones de pesos (siete millones de dólares).
La aplicación de la ley tiene un costo fiscal estimado del 0,23 por ciento del producto interno bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
Según la UBA, la mayor universidad del país, la inversión para la educación superior en 2025 fue la más baja de los últimos 20 años. (Sputnik)
