La Cámara de Diputados sancionó por 157 votos a favor, 111 negativos y 3 abstenciones una reforma a la Ley de Protección de Glaciares promovida por el oficialismo que redefine qué zonas podrían ser habilitadas para proyectos mineros.
“Resulta afirmativo, queda sancionado el proyecto”, anunció en la madrugada de este jueves el presidente del órgano, Martín Menem, tras más de once horas de debate en el plenario.
La cámara baja avaló esta iniciativa propuesta por el partido gobernante, La Libertad Avanza, un día después de la aprobación de un dictamen de mayoría del oficialismo que habilitó su discusión en el recinto.
Para conseguir sancionar la normativa, el Gobierno logró el apoyo del Pro, cuyo referente es el expresidente Mauricio Macri (2015-2019); la Unión Cívica Radical (UCR), y legisladores que responden a gobernadores de provincias mineras, como San Juan y Catamarca.
Organizaciones ambientalistas y fuerzas políticas llamaron a protestar frente al Congreso y adelantaron que recurrirán a la justicia.
Durante la sesión, partidos de la oposición calificaron la norma de anticonstitucional porque entraña una regresión en materia ambiental, mientras que la oposición negó que ése fuera el espíritu de la ley.
La semana pasada, expusieron en dos audiencias 400 de las más de 102.000 personas que se anotaron para participar de estas convocatorias, que son de carácter obligatorio por mandato de la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que estipula obligaciones en materia de participación ciudadana en temas ambientales.
ALCANCE DE LA REFORMA
La reforma al Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que recibió media sanción en el Senado el 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, empodera a las provincias para definir qué cuerpos de agua pueden ser resguardados y cuáles no, siempre que sea avalado por estudios técnicos.
La iniciativa del oficialismo delega en las jurisdicciones que tienen glaciares en sus territorios la posibilidad de priorizar las actividades productivas en estas áreas de donde nacen buena parte de los ríos del país.
El proyecto debilita el inventario contemplado en la Ley de Protección de Glaciares, al asumir que deben ser incluidas solo masas de hielo que «cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas».
Diversos expertos y organizaciones ambientales consideran ilegal e inconstitucional la medida, por habilitar la desprotección de áreas glaciares y vulnerar la Constitución, que en su artículo 41 estipula presupuestos mínimos de cuidado a nivel nacional que no pueden ser reducidos por las provincias.
La medida también ha generado controversias y movilizaciones de protesta en provincias como Mendoza , ubicada al pie de la cordillera de los Andes.
Antes de convertirse en ley, el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares ha sido denunciado ante el Parlamento Europeo por cinco instituciones ambientales, que advirtieron que la iniciativa podría ser incompatible con los compromisos asumidos en el acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.
El Gobierno argentino, en tanto, defendió esta reforma, bajo la consideración de que la Ley de Glaciares genera «inseguridad jurídica y parálisis de inversiones», según señaló en diciembre el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom.
