La Cámara de Diputados sesionará este miércoles para debatir con vistas a su sanción una reforma a la Ley de Protección de Glaciares impulsada por el Gobierno para activar proyectos mineros en zonas periglaciares, donde se encuentran estas masas de agua.
«Se ha fijado el día 8 de abril de 2026 a las 15.00 hora local (18.00 GMT) con el objeto de celebrar la sesión especial (…) a fin de considerar el (…) proyecto de ley por el cual se modifica la ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial», señala el llamamiento destinado a los legisladores al que accedió la Agencia Sputnik.
El pedido de citación, solicitado por 11 diputados de La Libertad Avanza (ultraderecha), pretende avanzar con esta iniciativa resistida por numerosos sectores sociales y civiles, que en los últimos meses advirtieron de los riesgos de que prospere la medida.
La semana pasada, expusieron en dos audiencias 400 de las más de 102.000 personas que se anotaron para participar de estas convocatorias, que son de carácter obligatorio por mandato de la Constitución nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que estipula obligaciones en materia de participación ciudadana en temas ambientales.
Las audiencias se desarrollaron con denuncias sobre la limitación de las exposiciones previstas para participar en este espacio, que abordó las características de la reforma a la Ley de Protección de Glaciares que recibió media sanción en el Senado el 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
ALCANCE DE LA REFORMA
La reforma al Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, cuya sanción definitiva depende de la Cámara de Diputados, empodera a las provincias para definir qué cuerpos de agua pueden ser resguardados y cuáles no.
La iniciativa del oficialismo, que de prosperar degradaría la Ley de Glaciares, delega en las jurisdicciones que tienen glaciares en sus territorios la posibilidad de priorizar las actividades productivas en estas áreas de donde nacen buena parte de los ríos del país.
El proyecto también debilitaría el inventario contemplado en la Ley de Glaciares, al asumir que deben ser incluidas solo masas de hielo que «cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas».
Diversos expertos y organizaciones ambientales consideran ilegal e inconstitucional la medida, por habilitar la desprotección de áreas y vulnerar la Constitución, que en su artículo 41 estipula presupuestos mínimos de cuidado a nivel nacional que no pueden ser reducidos por las provincias.
La medida también ha generado controversias y movilizaciones de protesta en provincias como Mendoza (centro-oeste), ubicada al pie de la cordillera de los Andes.
El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares ha sido denunciado ante el Parlamento europeo por cinco instituciones ambientales, al advertir que la iniciativa podría ser incompatible con los compromisos asumidos en el acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, convenio ratificado a nivel parlamentario el jueves primero por Uruguay y luego por Argentina, dos de los países que integran el bloque regional junto con Bolivia, Brasil y Paraguay.
El Gobierno argentino, en tanto, defendió esta reforma, bajo la consideración de que la Ley de Glaciares genera «inseguridad jurídica y parálisis de inversiones», según señaló en diciembre el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom.
Doce de las 24 jurisdicciones de Argentina tienen glaciares en su territorio.
En el país existen 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie se extiende por 8.484 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 41 veces la ciudad de Buenos Aires, según el Inventario Nacional de Glaciares estipulado por la ley que relevó en 2018 el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología.
El oficialismo mejoró su posición parlamentaria desde el 10 de diciembre, luego de que las elecciones legislativas del 26 de octubre consolidaran al oficialismo como primera minoría en Diputados y la segunda fuerza en el Senado. (Sputnik)
