El Gobierno argentino difundió un vídeo en el que afirma que la oposición peronista instaló una relato sobre lo ocurrido en la última dictadura (1976-1983) en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
«En 2003, el Gobierno (de aquel entonces) lanzó una masiva campaña pública empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos», planteó el Ejecutivo en el comienzo de la grabación.
La actual gestión que preside Javier Milei hizo foco en el kirchnerismo, movimiento liderado por los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) y que impulsó la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, una consigna que reivindican las agrupaciones de derechos humanos y que la mayor parte de la sociedad hizo suya.
Según el Ejecutivo actual, aquella administración difundió «una visión sesgada y revanchista» sobre lo sucedido en los años 70, «cuyo objetivo era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir mayorías de poder».
En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Gobierno consideró que en aquella época, «miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero-terrorisas fueron ignoradas porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar».
«Este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta a la página, dándole visibilidad a la historia completa», indica la grabación a horas de las movilizaciones multitudinarias que recorrerán el país en rechazo al terrorismo de Estado.
La filmación se basa en el testimonio de una nieta restituida que reivindica a sus apropiadores y del hijo de un militar asesinado por una agrupación guerrillera.
El vídeo refleja la postura de Miriam Fernández, nieta restituida n.º 127, hija natural de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano, que intentó resistirse a entregar una muestra de ADN para que pudiera rastrearse quién era su familia biológica, y que mantuvo el apellido de sus apropiadores, los cuales ella denominó como «padres de crianza».
«Yo no quise saber nunca, elegí la familia que tenía y la vida que llevaba», señaló durante su intervención en el documental, grabado en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
La grabación también contó con las declaraciones de Arturo Larraburru, hijo de un militar que fue secuestrado y murió a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974, una de las organizaciones armadas más relevantes que surgió, junto con Montoneros, durante una dictadura militar autodenominada Revolución Argentina (1966-1973).
CONTEXTO
En 1969 predominaba un clima de insurrección caracterizado por decenas de «puebladas» que comenzaron con el Cordobazo , una protesta estudiantil, obrera y sindical en el segundo distrito más grande del país (centro) contra el Gobierno de facto.
Aquellas sublevaciones debilitaron al Gobierno del dictador Juan Carlos Onganía (1966-1970), hasta que fue derrocado y se abrieron paso a elecciones en las que ganó el expresidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974), que hasta 1972 estuvo en el exilio.
La inestabilidad política del último mandato de Perón se acentuó con su fallecimiento en 1973 y con la asunción en su reemplazo de su esposa María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, y la conformación de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), un grupo parapolicial de ultraderecha creado para combatir a las organizaciones armadas.
Con el golpe de Estado de 1976, la última dictadura profundizó la cacería contra estos grupos insurgentes, lo que provocó la detención y desaparición de unas 30.000 personas y la apropiación de unos 500 bebés nacidos en cautiverio, que fueron sustraídos de sus madres parturientas y entregados a otras familias con una nueva identidad.
Con el regreso de la democracia, el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) impulsó el llamado Juicio a las Juntas, que condenó a la cúpula militar por delitos de lesa humanidad, pero también estableció las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que impedían que el resto de los militares fueran juzgados por sus crímenes.
Con la llegada al poder de Néstor Kirchner (2003-2007), en el marco de una nueva política de Estado que reivindicó la memoria, la verdad y la justicia, el Gobierno derogó en 2003 las leyes de la impunidad, que la Corte Suprema declaró inconstitucionales dos años después, y que permitió que la justicia argentina retomara en 2006 las causas judiciales contra los represores de la dictadura.
Desde entonces, y hasta ahora, las condenas por crímenes de lesa humanidad alcanzaron a 1.231 personas, con el dictado de 328 sentencias que también absolvieron a otros 250 acusados.
El llamado «pacto de silencio» entre los militares impide todavía saber qué sucedió con la mayoría de los cerca de 30.000 detenidos desaparecidos de la dictadura y con los 360 niños que fueron sustraídos de sus familias y permanecen al día de hoy con identidades falsas, mientras que otros 140 fueron recuperados durante estos años gracias a la labor de la entidad Abuelas de Plaza de Mayo. (Sputnik)
