«El paro comienza el 16, y hemos propuesto que sea indeterminado», confirmó a este medio la referente gremial.
En la antesala del primer paro universitario nacional que afectará el inicio del curso lectivo este año, los docentes reclaman un 51 por ciento de aumento salarial para compensar la falta de actualización de sus sueldos, ante la inflación acumulada en estos últimos meses.
La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno se resiste a ejecutar, es otra de los reclamos que motivan la huelga.
Como uno de los 27 sindicatos que integran la Federación Nacional de Docentes, Investigadores/as y Creadores/as Universitarios (Conadu histórica), AGD ha propuesto que la huelga se extienda por tiempo ilimitado.
La Federación someterá este jueves a votación la propuesta del gremio, que en asamblea decidió mantener el paro al menos hasta el viernes 20 de marzo.
«Si no sale por indeterminado en la votación, mañana tendremos una reunión de nuestra gremial para definir si lo mantenemos igual», explicó Carboni.
De confirmarse la huelga por tiempo ilimitado, los docentes universitarios llevarían adelante una medida que no tiene precedentes en el transcurso de la actual gestión, que comenzó en diciembre de 2023.
«Esperamos que la docencia acompañe también», manifestó la secretaria general de AGD.
El Gobierno de Javier Milei no solo se resiste a reglamentar la Ley de Financiamiento Universitario, sino que envió un nuevo proyecto al Congreso, pese a que esa normativa fue sostenida y ratificada por el parlamento frente al veto del presidente, por lo que dejó sin efecto el rechazo del mandatario.
En diciembre de 2025, un juez federal dictó una medida cautelar por la que suspendió el decreto del Poder Ejecutivo que promulgaba la ley, al tiempo que dejaba en el aire su aplicación hasta que el Congreso indicara cuáles serían sus fuentes de financiamiento, medida que fue apelada por el Ejecutivo.
La ley de gasto público aprobada por el Congreso, que proyecta una inflación de 10,1 por ciento para 2026 (cuando ya solo en el primer bimestre de este año el aumento de precios fue de 5,8 por ciento), reserva una asignación para las universidades nacionales que implicaría una caída real del 3,5 por ciento respecto al presupuesto del año anterior.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las 61 universidades públicas del país, de 14 casas de estudio e institutos provinciales, señaló que para evitar el deterioro financiero del sistema sería necesario una partida 61 por ciento superior a la asignada.
El sistema educativo superior perdió en 2025 casi 9 por ciento real respecto a 2024, y se hundió más del 30 por ciento desde que asumió la actual gestión. (Sputnik)







