(Ana Delicado Palacios).- El juicio oral que comenzó la víspera para determinar la responsabilidad de cuatro exoficiales de la Armada Argentina (ARA) en el hundimiento del submarino San Juan —con 44 tripulantes a bordo— en noviembre de 2017 no tiene visos de aportar la verdad que buscan las familias, afirmó uno de los querellantes a la Agencia Sputnik.
«Tengo cero expectativas. Para mí es una farsa este juicio», reconoció el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos en el navío, que actúa en representación de 14 familias.
Los querellantes han realizado múltiples planteos a la Justicia con el objetivo de saber «qué pasó y cuál fue el motivo del hundimiento», circunstancias que todavía se desconocen, al igual que las responsabilidades políticas en el naufragio del buque.
«La Justicia se negó sistemáticamente a hacer lo más básico, que son las pericias», lamentó Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, que tenía 27 años el 8 de noviembre de 2017, cuando el San Juan zarpó por última vez desde la ciudad patagónica de Ushuaia (sur).
El juicio es tramitado en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz (sur); en el marco del cual ya fueron procesados el contraalmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo —comandante de Adiestramiento y Alistamiento, el máximo cargo operativo en la Armada—; el capitán de navío destituido Claudio Villamide —quien conducía la Fuerza de Submarinos—; el capitán de navío retirado Héctor Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa.
Todos ellos están acusados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, pues según la investigación no garantizaron el mantenimiento de la embarcación, que operó con condiciones técnicas deficientes en una situación de riesgo elevado.
Tagliapietra calificó la investigación de «farsa» y afirmó que se pretenden «entregar» a los familiares «en bandeja de plata» a los oficiales procesados, «que obviamente tienen responsabilidades pero que lamentablemente, de la manera en que se desarrolló esta investigación, es muy probable que terminen absueltos».
La eventual absolución podría ocurrir al término del juicio, por decisión del tribunal de alzada interviniente —la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional— o por la intervención en última instancia de la Corte Suprema, máximo tribunal del país.
«Hay una cuestión que es básica: es muy difícil condenar a alguien por la muerte de 44 personas si no tenemos certeza de por qué se hundió el submarino y no podemos probar lo que hicieron o qué no hicieron», explicó Tagliapietra.
COMPETENCIAS
Hay además cuestiones jurídicas que no se tuvieron en cuenta, como la definición de qué jurisdicción es competente para llevar adelante el juicio, planteó el abogado.
El debate oral se tramita en Santa Cruz, según resolvió en octubre de 2025 la Cámara Federal de Casación Penal—máximo tribunal penal del país—, por ser la primera provincia en intervenir en la etapa de instrucción y por ser la zona a la que se contactó el buque por última vez antes de su desaparición.
La alternativa era que el juicio se tramitara en la capital argentina o en la ciudad bonaerense de Mar del Plata (este), donde el buque tenía su atracadero, según reclamó el grupo de querellantes representados por Tagliapietra.
«El juicio tenía que haberse hecho en Mar del Plata por ser el asiento natural del submarino y porque además los cuatro imputados realizaron actos de acción y de omisión desde la base naval de esta ciudad» de la provincia de Buenos Aires (este), explicó el abogado.
El hecho de que el debate oral se tramite desde Santa Cruz, de acuerdo a los querellantes, puede ocasionar que «los acusados terminen absueltos, por la violación de la garantía del juez natural».
Tagliapietra asume que los imputados «tienen abogados caros y buenos, así que seguramente lo van a plantear en algún momento».
«Este juicio no va a tener nada que ver con la verdad, va a ser solo a los efectos de satisfacer a algunos y que esto quede en la nada», sentenció.
Pese a estas circunstancias, los querellantes van a participar de manera activa en el juicio e intentarán que los distintos testigos puedan dar cuenta de las falencias que a su juicio existen.
Lo que más les importa a las familias, afirma el abogado, «es regalarles a nuestros hijos la verdad», puntualizó Tagliapietra, quien afirmó además tener esperanzas de que posteriormente se inicie un nuevo juicio.
FALTA DE PRUEBAS
Los querellantes cuestionan que la investigación no haya ordenado todas las pericias que en noviembre de 2020 encomendó la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, de la provincia de Chubut (sur).
En aquella ocasión, el tribunal ordenó que un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista, o ingenieros navales designados de oficio por la Justicia, por el Ministerio de Defensa, por la Armada Argentina y por las defensas y querellantes, realizara las pruebas necesarias según las disposiciones de los jueces intervinientes y a propuesta de las partes.
El secreto militar que todavía impera, impide acceder a pruebas claves como imágenes, planos, fotografías técnicas y grabaciones capturados por el buque estadounidense Ocean Infinity, que halló el buque argentino a 907 metros de profundidad frente al Golfo San Jorge, en el mar argentino, a un año exacto de su desaparición.
Estos peritajes son esenciales para comprobar la hipótesis de que el navío no se encontraba en condiciones operativas para navegar desde Ushuaia hacia Mar del Plata.
«Nosotros siempre vamos por la verdad. No metemos cuestiones políticas de por medio. Queríamos que esto se diera con todas las pericias y pruebas, con todos los eventuales responsables, si los hay; por eso siento que esto es un mamarracho», calificó Tagliapietra.
Otras partes intervinientes «lamentablemente actúan bajo sus intereses, con motivaciones económicas y políticas, que no siempre son demasiado nobles», cuestionó.
Entre tanto, los familiares aguardan a que la Corte Suprema defina qué jurisdicción debería intervenir para llevar adelante el juicio.
En octubre de 2025, el máximo tribunal dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri (2015-2019) en otra causa que investigaba el espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes, después de que estos denunciaran seguimientos y recolección de datos personales entre 2017 y 2018.
El San Juan era uno de los tres submarinos que poseía la Armada argentina.
En su último contacto con tierra, a las 8.52 hora local (11.52 GMT) del 15 de noviembre de 2017, el buque informó que había ingresado agua de mar por el sistema de ventilación, lo que provocó un principio de incendio.
Dos horas después, a las 10.51 hora local (13.51 GMT), se registró una explosión a 48,28 kilómetros de la última posición del navío, en coincidencia con el recorrido que cursaba desde Ushuaia hasta Mar del Plata. (Sputnik)







