La Confederación General del Trabajo (CGT), presentó este lunes ante la justicia dos amparos para intentar que se anule la reforma laboral sancionada por el Congreso la semana pasada.
«Nos concentramos en el Palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires, para realizar la presentación judicial contra la reforma laboral del Gobierno nacional», indicó la CGT en las redes sociales.
Además de presentar dos recursos ante los fueros laboral y contencioso administrativo, la CGT se movilizó hasta el Palacio de Justicia para reclamar la inconstitucionalidad de varios artículos de la reforma laboral, que el Senado sancionó el viernes por 42 votos a favor, 27 en contra y 2 abstenciones pero que todavía no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo.
La central obrera alegó en sus escritos que la norma vulnera garantías reconocidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege la libertad sindical, el derecho a la huelga y la negociación colectiva.
La CGT señaló que la ley impulsada por el Gobierno de Javier Milei atenta también contra los preceptos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.
En sus presentaciones, la central sindical alegó que la normativa vulnera el principio de progresividad o no regresión, que impide adoptar medidas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos, así como el principio protectorio, basado en la «desigualdad estructural entre empleador y trabajador», que busca establecer equivalencias para evitar abusos sobre la parte más débil.
En su rechazo a la reforma laboral, la central obrera objetó que la normativa habilita jornadas de trabajo de hasta doce horas, estipula el fin de las horas extra, y por tanto induce a la reducción del salario.
La iniciativa del oficialismo también elimina sanciones a los empleadores que no pagaron aportes, y no reconoce las nuevas formas de trabajo ni las modalidades tecnológicas que intervienen, según alegó la organización.
La CGT cuestionó además que la iniciativa de La Libertad Avanza (ultraderecha) autoriza a que las indemnizaciones se paguen en cuotas y puedan tramitarse a través de un Fondo de Asistencia Laboral, que se costea a través de la seguridad social, con lo que se convalida «una brutal transferencia de recursos públicos hacia administradores privados particulares».
La norma también reduce los aportes a las obras sociales, afecta el derecho efectivo al descanso y prioriza los convenios por empresa por sobre las negociaciones salariales de cada actividad, esgrimió la CGT en sus recursos.
La central obrera añadió que la legislación además afecta el derecho efectivo al descanso, pues fracciona de manera unilateral las vacaciones, y limita el derecho a la protesta.
Además de la protesta convocada por la CGT en el centro de la capital argentina, otra movilización de docentes se dirigió hacia el Congreso en una jornada en la que varios sindicatos del sector acataron un paro de 24 horas en 15 de las 24 jurisdicciones del país, en el inicio del curso lectivo, para reclamar aumentos salariales. (Sputnik)
