El Senado aprobó el jueves por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención un cambio a la Ley de Protección de Glaciares que flexibiliza esta normativa y abre la puerta a que se activen proyectos de explotación minera, sobre todo de cobre.
«Resultando aprobado en general corresponde ahora a proceder a la votación en particular», anunció durante la sesión especial la vicepresidenta y presidenta de la cámara alta, Victoria Villarruel.
Entre los 31 votos negativos estuvieron Andrea Cristina y Victoria Huala del Pro; Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger de la Unión Cívica Radical; Natalia Gadano y José María Carambia de Moveré por Santa Cruz; la chubutense Edith Terenzi; la cordobesa Alejandra Vigo; 19 integrantes del bloque Justicialista; los dos santiagueños del Frente Cívico; y los de Justicia Social Federal. La única abstención fue de la neuquina Julieta Corroza.
Durante el debate parlamentario, la senadora oficialista Patricia Bullrich defendió que la reforma a la Ley de Glaciares sigue considerando estas masas de agua como bienes públicos, pero que también corrige la «irracionalidad» de esa legislación sancionada en 2010, que impide «que áreas extensas que no son hídricas no puedan producir», en alusión a las regiones periglaciales que funcionan como reservas de agua dulce.
La legisladora Anabel Fernández Sagasti, del interbloque opositor Unión por la Patria (peronista), rechazó la modificación a la Ley de Glaciares, al plantearla como un «cambio de paradigma» que instaura un «criterio discrecional político».
La reforma al Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que tendrá que ser girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, empodera a las provincias para definir qué cuerpos de agua pueden ser resguardados y cuáles no.
La iniciativa del oficialismo, que de prosperar degradaría la Ley de Glaciares, delega en las jurisdicciones que tienen glaciares en sus territorios la posibilidad de priorizar las actividades productivas en estas áreas de donde nacen buena parte de los ríos del país.
El proyecto también debilitaría el inventario contemplado en la Ley de Glaciares, al asumir que deben ser incluidas solo masas de hielo que «cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas».
Diversos expertos y organizaciones ambientales consideran ilegal e inconstitucional la medida, por habilitar la desprotección de áreas y vulnerar la Constitución, que en su artículo 41 estipula presupuestos mínimos de cuidado a nivel nacional que no pueden ser reducidos por las provincias.
La medida también ha generado controversias y movilizaciones de protesta en provincias como Mendoza (centro-oeste), ubicada al pie de la cordillera de los Andes.
El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares ha sido denunciado ante el Parlamento europeo por cinco instituciones ambientales, al advertir que la iniciativa podría ser incompatible con los compromisos asumidos en el acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, convenio ratificado a nivel parlamentario el jueves primero por Uruguay y luego por Argentina, dos de los países que integran el bloque regional junto con Bolivia, Brasil y Paraguay.
El Gobierno argentino, en tanto, defendió esta reforma, bajo la consideración de que la Ley de Glaciares genera «inseguridad jurídica y parálisis de inversiones», según señaló en diciembre el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom.
Doce de las 24 jurisdicciones de Argentina tienen glaciares en su territorio.
En el país existen 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie se extiende por 8.484 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 41 veces la ciudad de Buenos Aires, según el Inventario Nacional de Glaciares estipulado por la ley que mapeó en 2018 el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología.
El partido gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), mejoró su posición parlamentaria desde el 10 de diciembre, luego de que las elecciones legislativas del 26 de octubre consolidaran al oficialismo como primera minoría en Diputados y la segunda fuerza en el Senado. (Sputnik)
