La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal que pone el foco en una red de funcionarios y particulares presuntamente involucrados en una contratación irregular de cursos de inglés por más de $114 millones.
La denuncia identifica con nombre y apellido a los principales responsables de la maniobra que habría beneficiado a la asociación dirigida por la esposa del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Los denunciados son:
* María Josefina Rouillet: Denunciada como coautora del delito de defraudación a la administración pública. Es la Directora Ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) —entidad beneficiaria del contrato— y esposa del ministro Federico Sturzenegger.
* María Cristina Dellepiane: Denunciada como coautora del delito de defraudación a la administración pública en su carácter de Subsecretaria de Coordinación y Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Fue quien adjudicó la contratación directa a través de la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE.
* Dr. Pablo Quirno: El Ministro de Relaciones Exteriores es denunciado por la presunta comisión del delito de encubrimiento por omisión de denuncia. Según la presentación, el canciller optó por justificar públicamente la contratación a través de sus redes sociales en lugar de denunciar las irregularidades.
* Dr. Federico Adolfo Sturzenegger: El Ministro de Modernización y Transformación del Estado es denunciado por presunto tráfico de influencias. La denuncia sostiene que no se puede descartar su mediación ante las autoridades de Cancillería para obtener la adjudicación directa que benefició a la entidad dirigida por su cónyuge.
La senadora bonaerense también solicitó que se investigue como «partícipes necesarios» a los titulares de las áreas técnicas que permitieron la viabilidad del contrato:
* El Director de Desarrollo de Recursos Humanos (Cancillería).
* El Director de Compras y Contrataciones (Cancillería).
* El Director de Asuntos Jurídicos (Cancillería).
* El Director de Planificación de Políticas de Transparencia y el Director Nacional de Ética Pública (Oficina Anticorrupción).
«Se habrían alejado de un ‘fin lícito’ para garantizar un beneficio para un tercero vinculado con un Ministro del Poder Ejecutivo Nacional», concluye la denuncia respecto al actuar coordinado de estos funcionarios.
