La Fiscalía de Puerto Madryn dio un nuevo paso para esclarecer los graves hechos de violencia ocurridos el 6 de noviembre durante un partido de la Liga del Valle, donde el árbitro Lautaro Carro fue agredido por integrantes del Club Defensores de La Ribera. El fiscal Alex Williams junto a la funcionaria de Fiscalía Natalia González presentaron el pedido de apertura de investigación y formularon los cargos penales.
Cómo ocurrió la agresión
Según la presentación judicial, el ataque se produjo al finalizar el encuentro disputado en la cancha del Club J.J. Moreno. Dos jugadores de La Ribera persiguieron al árbitro, lo acorralaron contra el banco de suplentes y comenzaron a golpearlo. Luego se sumaron otros futbolistas del mismo equipo, aplicándole patadas y golpes. El informe médico confirmó múltiples lesiones en el cuerpo del árbitro.
La gravedad del ataque motivó la intervención inmediata del personal policial que formaba parte del operativo de prevención, quienes debieron ejecutar un protocolo antitumultos para proteger al árbitro. Además, durante el operativo, uno de los jugadores lanzó una botella contra los policías e insultó al árbitro, mientras que un preparador físico profirió amenazas.
Quiénes están identificados y cuál será la calificación penal
La Fiscalía identificó a ocho jugadores y un preparador físico del club rawsense como partícipes de los hechos. Se trata de Jonathan Catalán, Cristian Ibañez, Agustín y Martín Proboste, Lucas, Cristian y Jonathan Salinas, Milton Bottaro y Nicolás Chávez.
De acuerdo con el pedido fiscal, los agresores serán imputados por: lesiones leves agravadas por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo, amenazas y resistencia a la autoridad agravada.
La Ley 23.184 de espectáculos deportivos incorpora agravantes para hechos de violencia dentro o en ocasión de un evento deportivo, precisamente para desalentar este tipo de ataques y proteger la integridad de árbitros, jugadores y público.
Próximos pasos
La audiencia de apertura de investigación se fijó para el 04 de febrero, donde la Fiscalía formalizará los cargos ante los imputados y la jueza de la causa Patricia Reyes. La investigación tendrá un plazo de seis meses y luego, con las pruebas recolectadas, se avanzaría en una futura acusación para elevar la causa a juicio.
