Un juzgado federal de la provincia argentina de Catamarca ordenó el jueves a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), restablecer todas las pensiones suspendidas sin acto administrativo previo del Poder Ejecutivo.
«Ordenar el pago de las pensiones retenidas en el plazo de 24 horas», señala el fallo judicial del Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca al que tuvo acceso la Agencia Sputnik.
En el dictamen, el tribunal hizo lugar a una acción de amparo colectiva presentada por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas y por el Defensor del Pueblo provincial.
La demanda civil cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei de realizar auditorías médicas sobre las pensiones que la ANDIS estaba pagando, una medida que interrumpió el depósito de algunas prestaciones a partir de julio.
La querella también cuestionó a la ANDIS por notificar la baja de las pensiones de forma defectuosa, con un lenguaje técnico, y no permitirle a los titulares de los subsidios el adecuado ejercicio de su derecho de defensa.
En su descargo, la ANDIS señaló que actuó amparada por dos decretos emitidos en 2017 y 2024, que las auditorías fueron correctamente notificadas y que la interrupción de algunas pensiones se fundamentó en la falta de los requisitos médicos para cobrarlas.
En su sentencia, el tribunal advirtió que la ANDIS no acreditó la existencia de actos administrativos individuales que dispusieran las bajas, lo que configuró un obrar material carente de sustento jurídico que produjo la interrupción de prestaciones esenciales para un colectivo especialmente vulnerable.
El fallo también reconoció las pensiones no contributivas como propiedad de sus titulares, y advirtió que éstas sólo pueden ser suspendidas mediante un procedimiento regular que respete el debido proceso, la defensa en juicio y la obligación estatal de motivar de modo suficiente sus decisiones, más aún cuando afecta la salud y la subsistencia de las personas con discapacidad.
Asimismo, el juzgado consideró que a través de la ANDIS, el Gobierno incurrió en la suspensión masiva e injustificada de pensiones bajo un mismo esquema operativo.
Además, el tribunal recordó que en setiembre se aprobó una ley que declaró la emergencia en discapacidad hasta 2026, lo que derogó en los hechos un decreto de 2024 en el que se ampara la ANDIS para aplicar criterios más restrictivos para el acceso a las pensiones.
La ANDIS está envuelta en una controversia desde agosto, a raíz de la difusión de unos audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que el exjerarca describe una red encargada de cobrar sobornos a laboratorios a cambio de otorgarles preferencias en las licitaciones para la compra de medicamentos del organismo.
Según los audios, la hermana del presidente, y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habría sido la encargada de recolectar las coimas.
La justicia indaga si Spagnuolo y otras 14 personas imputadas en la causa integraron una «organización delictiva» que establecía sobreprecios y direccionaba la compra de medicamentos de la ANDIS. (Sputnik)
