La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes que el Tribunal Oral Federal N°2, el mismo que condenó a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez en la causa Vialidad, será el encargado de ejecutar el decomiso millonario establecido en esa sentencia.
La resolución, firmada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, rechazó los recursos de las defensas y ratificó la competencia del TOF 2 para avanzar con el decomiso junto a la fiscalía. De esta manera, se impide que el caso pase al fuero civil, como había solicitado la defensa de la expresidenta, y se mantiene en el ámbito penal de Comodoro Py.
Según el fallo, los condenados deberán responder solidariamente por el monto actualizado de $684.990.350.139,86. En su voto, el juez Hornos destacó que el decomiso “se ha transformado en un eslabón central de la investigación penal” y que los magistrados tienen la obligación de confiscar tanto los bienes usados para cometer los delitos como las ganancias obtenidas.
El tribunal explicó que el decomiso no es una reparación civil sino una sanción penal accesoria destinada a privar a los responsables de los beneficios económicos del delito y restituirlos a la sociedad.
El fallo hizo lugar al pedido del fiscal Mario Villar, quien había insistido en mantener la causa en el fuero penal para evitar nuevas dilaciones. Villar argumentó que el decomiso es “una herramienta del Estado para recuperar bienes vinculados a actividades ilícitas” y que el planteo de la defensa “partía de un error conceptual”.
El cálculo de los $684 mil millones se basó en los sobreprecios y maniobras de direccionamiento de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el que las empresas de Báez concentraron más del 80% de las adjudicaciones.
La defensa de Cristina Kirchner había planteado que el decomiso debía tramitar en el fuero civil y comercial federal, y además cuestionó el método de actualización de la cifra, proponiendo una reducción a $42 mil millones según sus peritos. Sin embargo, Casación ratificó el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al considerar que es el mecanismo más razonable para preservar el valor real frente a la inflación.
El juez Borinsky subrayó que la medida “no vulnera garantías ni excede la jurisdicción” y se ajusta al Código Penal y a las convenciones internacionales contra la corrupción suscriptas por la Argentina.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y cumple prisión domiciliaria desde que la condena fue confirmada.
Lázaro Báez, por su parte, cumple 15 años de prisión unificada por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K.
Con esta resolución, el TOF 2 —junto a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola— podrá avanzar en la ejecución patrimonial del decomiso, dado que los condenados no realizaron el pago voluntario.
El fallo de Casación habilita así el proceso para que el Estado recupere activos por casi 685 mil millones de pesos, en uno de los casos de corrupción política más emblemáticos de las últimas décadas en Argentina.
