La jueza de garantías Eve Ponce aceptó que los tres afiliados de ATE que denunciaron al secretario general Guillermo Quiroga y a su esposa por el desvío de fondos gremiales a cuentas particulares, estén representadas en el proceso penal en carácter de querellante, por los abogados particulares Danilo Sepúlveda y Gladys Olavarria.
Los defensores Damián D´Antonio y Óscar Romero se opusieron, pero sus argumentos fueron rechazados por el fiscal general Omar Rodríguez. Con los argumentos del acusador y argumentos propios, finalmente, en su resolución, la jueza de garantías Ponce habilitó a las víctimas en el caso a formular su propia acusación.
Quiroga y su ex esposa están imputados del delito de administración fraudulenta en la modalidad de delito continuada, por presuntamente desviar importantes sumas de dinero de las cuentas del Sindicato de Trabajadores del Estado, hacia sus cuentas particulares.
La investigación trata sobre el desvío de fondos de cuentas perteneciente a ATE a través de transferencias bancarias a cuentas particulares de la familia. Se sospecha que con esos fondos se pagaban tarjetas y una gran variedad de gastos personales.
Los denunciantes del caso son los afiliados Analia González y Luciano López, que ahora seguirán el proceso representado por los abogados querellantes Gladys Olavarría y Danilo Sepúlveda. Con algunos agregados que no hacen a cambios importantes en cuanto a la teoría del caso, los flamantes querellantes coincidieron con la investigación realizada hasta el momento por el fiscal general Rodríguez y su equipo de trabajo.
