Fondos de inversión beneficiados con una sentencia de una jueza estadounidense que obliga a Argentina a entregar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal YPF cuestionaron al Gobierno estadounidense por presentarse como «amicus curiae» en apoyo al país, que recurrió la orden.
«Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de La Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallo», señalaron en la presentación que elevaron ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Mientras este tribunal de segunda instancia suspendió por tiempo indeterminado el fallo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que condenó a Argentina a entregar los títulos de YPF, los fondos de inversión rechazaron la decisión del Gobierno estadounidense de respaldar la apelación argentina, que se presentó en el expediente como amigo de la Corte.
«El Gobierno norteamericano presentó su escrito tras no responder a la solicitud de los demandantes para mantener una reunión en la que podrían haberle explicado los errores de interpretación del caso, errores que, en parte, derivan de su ausencia durante la mayor parte de las extensas y detalladas actuaciones ante el tribunal de primera instancia», cuestionaron.
Los fondos de inversión calificaron de «inusual» la presentación como «amicus curiae» del Gobierno estadounidense y aseguraron que «la urgencia y la falta de familiaridad» de la actual gestión quedó «en evidencia».
Según los fondos buitre, los «efectos negativos» de la «nueva postura» del Ejecutivo de Donald Trump «ya comienzan a manifestarse, ya que tanto la prensa argentina como funcionarios públicos han interpretado el escrito del Gobierno norteamericano como una señal de que Argentina nunca tendrá que pagar la sentencia», alegaron en su escrito.
«Una presentación como ‘amicus curiae’ por parte del Gobierno estadounidense en el contexto de una solicitud administrativa como lo es la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska es altamente inusual; de hecho, esa es precisamente la razón por la cual el Gobierno debe presentar un pedido previo y obtener consentimiento, a diferencia de la etapa posterior, en la que puede presentar su escrito sin necesidad de consentimiento, como un derecho establecido», ampliaron.
Se le denomina «fondo buitre» a aquellos fondos de capital de riesgo que invierten en deuda pública de una entidad que se considera cerca de la quiebra.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito concedió el martes una suspensión administrativa del fallo de Preska para que las partes presentaran sus alegatos sobre el caso.
Como parte apelante, Argentina solicitó la suspensión del fallo emitido el 30 de junio por la jueza estadounidense en el que instaba a la nación sudamericana a transferir el 51 por ciento de las acciones a los fondos de inversión que compraron los derechos de litigio.
Preska tramitó en 2012 un juicio contra Argentina por la expropiación de YPF que concluyó en septiembre de 2023 con un fallo que obligaba al Estado sudamericano a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos buitre que presentaron la demanda, y que encabezan Burford Capital y Eton Park.
Aun sin sentencia firme, la magistrada decidió el 30 de junio que esos fondos de inversión, junto con Bainbridge, fueran compensados con el 51 por ciento de las acciones de YPF en un plazo de 14 días.
A partir de ahora, la Corte de Apelaciones podrá pronunciarse sobre el fallo de la jueza de Nueva York.
El miércoles, la Corte de Apelaciones también falló a favor de Argentina en otra causa impulsada por fondos buitre en relación a unos bonos que están en cese de pagos desde 2001 y que no habían sido reestructurados en los canjes ofrecidos por la nación sudamericana en tres ocasiones.
CONTEXTO DE EXPROPIACIÓN
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) expropió en abril de 2012 el 51 por ciento de las acciones de YPF, controladas en entonces por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.
En abril de 2015, comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina (Eskenazi) que controlaba el 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Tras la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York, bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49 por ciento de las acciones restantes, según el estatuto de la empresa.
Burford pagó 17 millones de dólares por los derechos de litigo de la familia Eskenazi, según medios locales, y al mes siguiente dio curso a la demanda. (Sputnik)
