La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut confirmó que presentará recursos procesales para recurrir el dictamen del Ministerio Público Fiscal que desestimó la denuncia contra los miembros del Superior Tribunal de Justicia que se hizo desde la organización por distintas medidas que los ministros dictaron en su exclusivo beneficio.
La Asociación calificó el dictamen de arbitrario e ilegal y denunció que el Ministerio omitió notificar la integración del equipo de fiscales que suscribieron la decisión desestimatoria, “impidiéndonos ejercer las facultades de recusar a los mismos”.
En concreto, desde la AMFJCh se indicó que uno de los fiscales, Lucas Papini, fue designado hace pocos meses y que el mismo debió excusarse “en razón de mantener amistad, pública y notoria, con el Dr. Andrés Giacomone (uno de los denunciados) , además de haber sido Fiscal de Estado Adjunto al tiempo que el ministro antes citado era Fiscal de Estado y fueron juntos cofundadores de la Asociación de Derecho Administrativo de Chubut, que ambos dirigen en la actualidad”.
En el mismo tono, la Asociación recordó que el doctor Papini fue “cuestionado por no tener los años de matrícula para acceder al cargo de Fiscal, logrando revertir la decisión inicial adversa del Consejo de la Magistratura y, en la audiencia ante dicho organismo, expresó que de encontrarse en una situación como la que aquí se denuncia se apartaría de la investigación”.
La organización que reúne a los jueces y funcionarios judiciales de Chubut también señala que la denuncia fue tratada en tiempo récord “comparado con cualquier otra interpuesta por un ciudadano común, sumado a la falta de investigación real de los pormenores del caso, contraviene el principio constitucional de objetividad que rige la función del Ministerio Público Fiscal que respetan, a diario, la gran mayoría de los integrantes de dicha institución”.
También se indicó que el dictamen fiscal evidencia “ un grosero desconocimiento del derecho al afirmar que rigen o mantienen su vigencia acordadas dictadas por el STJ, con anterioridad a la sanción de las leyes de Porcentualidad, de Libre Acceso a las Fuentes de Información y Orgánica de la Magistratura, por la sola circunstancia de no haber sido reglamentadas, desconociendo la operatividad de las Leyes sancionadas por la Legislatura y la supremacía de estas respecto de cualquier otro acto administrativo que se oponga a las mismas.
Es notoria la contrariedad de dicha afirmación con el sistema jurídico ya que de ser así bastaría que una ley no se reglamente para evitar su entrada en vigencia”, se señala.
Al respecto, la Asociación recordó que “es contrario al sistema republicano la pretensa justificación de los sobresueldos sobre la base de que los mismos se habrían abonados con una partida de “Fondos Reservados”, porque ello implica aceptar que el dinero público puede ser utilizado sin ningún tipo de control y sin verificar -mínimamente- que el monto de esa partida del Presupuesto del Poder Judicial para el año 2025, ni siquiera alcanza para pagar las sumas que se le abonaron a los ministros/as durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo.
Es evidente que el problema no es sólo el abuso de poder de quienes ejercen la máxima magistratura provincial, sino su ocultamiento por parte de los tres fiscales ya mencionados, que deliberadamente legitima hechos ilegales y normaliza acciones que se contradicen con los Tratados que nuestro país ha suscripto para erradicar la corrupción, tales como: auto concederse adicionales de sueldo de hasta un 60%, pasajes aéreos, viáticos excesivos y diferenciados, uso de vehículos de autos de alta gama, tarjetas bancarias corporativas, designaciones de familiares y amistades en altos cargos sin el debido concurso, ocultar información pública, etc.”
“El dictamen fiscal que se cuestiona confirma que sin independencia judicial no hay justicia y que la impunidad del poder repugna a toda la ciudadanía”, concluye el comunicado de la Asociación.
