El Gobierno disolverá la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo responsable del mantenimiento y la ampliación de la red de carreteras que no estén bajo concesión privada, según informó el lunes el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
«El presidente, Javier Milei (…) ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad», informó el funcionario durante una comparecencia en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, en la que no se aceptaron preguntas de la prensa.
El ente público, responsable también de regular las concesiones viales, será eliminado a través de un decreto del presidente, que será publicado este martes en el Boletín Oficial.
La medida fue anunciada a un día de que venza la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética con la que fueron delegadas facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, según estableció la principal normativa promulgada en 2024 para desregular la economía, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
El Gobierno, que anunció la licitación de 9.120 kilómetros de carreteras, informó también el cierre de otros dos organismos, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En conjunto con estas medidas, será reorganizada la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo encargado de controlar el transporte terrestre, que pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte.
Este organismo «será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas relacionadas a la fiscalización de concesiones viales», puntualizó Adorni.
El Gobierno aprovechó para recordar la pena a seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que cumple la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por corrupción en obra pública, en un caso conocido como «Vialidad».
Según planteó la actual gestión, la Dirección Nacional de Vialidad estuvo en el foco de la causa judicial que investigó la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur) entre 2003 y 2015 y que derivó en la condena contra la también exvicepresidenta (2019-2023) por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
El cierre de Vialidad Nacional supone «un acta de defunción a la corrupción de la obra pública y la firmó el presidente de la nación», sentenció Adorni.
A dos días de que venzan las facultades delegadas en el presidente, el Gobierno también desreguló el régimen de inversiones en minería y fusionó además los entes nacionales reguladores de gas y electricidad. (Sputnik)
