«La jueza María Servini ordenó la captura del expresidente Kyaw y otros 24 funcionarios por genocidio contra la comunidad rohingya», anunció a la Agencia Sputnik el abogado argentino Tomás Ojea Quintana, exrelator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos en ese país.
La magistrada federal respaldó una solicitud del fiscal Guillermo Marijuan, que en agosto defendió en un dictamen elevado a Servini que «conforme los elementos recabados», existía el mérito suficiente para que se ordene la declaración indagatoria del expresidente Kyaw y de otros 24 funcionarios y jefes militares «en orden a los crímenes de genocidio y lesa humanidad» perpetrados contra los rohingya.
Servini libró exhortos internacionales para que la Interpol ordene el arresto de los 25 funcionarios por delitos de lesa humanidad cometidos entre 2012 y 2018, incluido el expresidente Kyaw, que gobernó entre marzo de 2016 y marzo de 2018.
«Del propio estatuto y del derecho consuetudinario internacional surge que la investigación y/o eventual juzgamiento de este tipo de crímenes es responsabilidad primaria de los estados», señaló la jueza en su fallo.
La titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 1 tomó esta decisión bajo el principio de justicia universal, que habilita a un Estado a investigar crímenes de lesa humanidad con independencia de dónde o contra quiénes fueron cometidos.
Los crímenes cometidos contra la población rohingya en territorio de Birmania «vulneran los derechos humanos reconocidos en distintos instrumentos de derecho penal internacional suscritos por la mayoría de los países a nivel mundial», manifestó Servini.
Estos hechos se encuadran «en los delitos denominados internacionalmente como crímenes de genocidio y de lesa humanidad, cometidos por las autoridades políticas y militares gobernantes en dicho país», puntualizó en su resolución.
El fallo de la magistrada se produce tres años después de que un tribunal de segunda instancia ordenara investigar en el país los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra seis mujeres rohingyas, violadas y torturadas por militares de Birmania, que lograron huir a Bangladesh en 2017.
En virtud de este fallo, Argentina se convirtió en el primer país en analizar los crímenes cometidos contra la comunidad rohingya, que en su mayoría profesa la fe musulmana.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó en noviembre de 2021 una resolución del juzgado de Servini que había desestimado el pedido de investigar estos delitos contra las mujeres de Birmania.
Servini había desestimado la denuncia que presentaron en noviembre de 2019 el abogado Ojea Quintana, exrelator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Birmania, y la organización Burmese Rohingya, por considerarla prematura.
En su resolución emitida el 12 de julio de 2021, la jueza de primera instancia alegó que la Corte Penal Internacional ya había iniciado una investigación al respecto, pero la Cámara de Apelaciones ordenó investigar el caso al señalar que «los crímenes contra el derecho internacional se dirigen contra los intereses de la comunidad internacional en su conjunto».
Matanzas masivas, violaciones generalizadas de mujeres y niños, torturas y destrucción de pueblos y aldeas son parte del ataque generalizado y sistemático que ha sufrido la comunidad rohingya, una minoría étnica mayoritariamente musulmana, a manos de los militares de Birmania, donde la religión predominante es el budismo.
En virtud del principio de justicia universal, la jueza Servini también instruye desde 2010 una causa que investiga los delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista (1939-1975) y durante la Transición posterior (1975-1979). (Sputnik)
