En su primer año de gestión, el gobierno de Javier Milei implementó un drástico recorte en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), reduciéndolos en un 72% en comparación con el año anterior. Esta medida, diseñada para alcanzar el superávit fiscal, ha dejado a las transferencias no automáticas en su nivel más bajo desde 2017.
Los ATN, utilizados para financiar emergencias, desequilibrios financieros y proyectos provinciales, pasaron de $179.530 millones en 2023 a $49.800 millones en 2024, según datos oficiales. Además, solo 10 provincias recibieron estos fondos durante el último año, con Misiones como la más beneficiada, al obtener $13.000 millones.
Provincias beneficiadas y distribución de los ATN
De las 24 jurisdicciones del país, solo Catamarca, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán recibieron transferencias discrecionales. La distribución quedó de la siguiente manera:
Misiones: $13.000 millones
Entre Ríos: $6800 millones
Tucumán: $6500 millones
Salta: $6000 millones
Chubut y Jujuy: $4500 millones cada una
Catamarca y Santa Cruz: $3000 millones cada una
Santa Fe: $1500 millones
Corrientes: $1000 millones
La explicación oficial
Desde la Casa Rosada, se justificó la reducción argumentando que los fondos se destinaron exclusivamente a casos de emergencias y desequilibrios financieros solicitados por las provincias. En diciembre, por ejemplo, no se realizaron transferencias bajo este mecanismo, lo que contribuyó a cerrar el año con una utilización del 7,3% del fondo ATN disponible, que ascendía a $679.898 millones.
Impacto en las provincias
El impacto de los ATN varió significativamente: en provincias como Misiones y Chubut, representaron más del 50% de las transferencias no automáticas recibidas. Sin embargo, en otras como Santa Cruz, Santa Fe y Corrientes, los fondos no alcanzaron ni el 10%.
Desde al menos 2017, no se registraba un nivel tan bajo de transferencias discrecionales. La consultora Politikon Chaco destacó que el recorte profundizó la centralización de recursos, dejando a las provincias con menor margen para enfrentar emergencias o financiar proyectos.
Si bien la medida busca consolidar las cuentas públicas, su implementación ha generado críticas por parte de algunas provincias que quedaron fuera del reparto. En un contexto de alta inflación y desafíos fiscales, este ajuste marca un giro significativo en la relación entre Nación y provincias.
