Según señaló la organización en un comunicado, la cantidad de consultas que recibió la organización por obstáculos en el acceso al aborto aumentó un 215% en comparación con el 2023.
“El incremento en las denuncias por barreras en el acceso al aborto evidencia que no se trata de casos aislados, sino una tendencia preocupante que refleja el impacto negativo ante el desfinanciamiento de la política pública y la paralización de la compra de insumos esenciales que pone en riesgo la salud de niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar en todo el país”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Esta regresión en términos de cumplimiento de un derecho consagrado por ley se da en un contexto político en el que el presidente Javier Milei defenestra públicamente el aborto legal.
El mandatario ha calificado la interrupción del embarazo como parte de una “agenda sangrienta del aborto” y un “asesinato agravado por el vínculo”.
“Estas declaraciones no solo desconocen el marco normativo vigente, sino que desinforman a la población y fomentan el estigma en torno al acceso al aborto.
Esto puede generar intimidación y temor tanto en las mujeres y personas con capacidad de gestar, como en los profesionales de la salud que, en cumplimiento de sus obligaciones legales, garantizan esta práctica”, alertó Amnistía.
A raíz de los incumplimientos del Estado argentino en el cumplimiento del acceso al aborto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó en noviembre al Estado argentino, a su sede en Washington DC, para explicar “la grave regresión en políticas de género y en materia de derechos sexuales y reproductivos”.
Amnistía Internacional junto a otras organizaciones de la sociedad civil habían solicitado la audiencia con el fin de exponer evidencia sobre este “retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina”.
Según información proporcionada por la organización no gubernamental, entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud, logrando una reducción del 53% en las muertes por aborto entre 2020 y 2022.
Advierten que estos avances están actualmente en peligro ya que el Gobierno no pone énfasis en la necesidad de darle continuidad a una política pública que dio resultados concretos.
