En consonancia con la Ley 27491, que establece la obligatoriedad y gratuidad de las vacunas como bien social, la justicia actúa para garantizar el cumplimiento de esta normativa y proteger la salud de los niños, niñas y adolescentes.
Recientemente, en Comodoro Rivadavia, la Dra. Guillermina Leontina Sosa, titular del Juzgado N°2 de Familia, ordenó la vacunación y otros tratamientos para una niña que sufrió un accidente doméstico y cuyos padres habían incumplido con el calendario vacunatorio. La magistrada hizo hincapié en el deber del Estado de proteger a los menores, priorizando su derecho a la salud por encima de la autonomía de los progenitores.
Ante la negativa de los padres a acatar la orden judicial, la Dra. Jorgelina Castillo, del Juzgado N°1 de Familia, se presentó en el hospital local para garantizar su cumplimiento, en línea con la política estatal de intervención integral en materia sanitaria.
La Dra. Sosa destacó la primacía del interés superior del niño, establecida tanto por la Corte Suprema como por la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, enfatizó la responsabilidad de la sociedad, el Estado y las familias en la protección de los menores en situación de riesgo, más allá del ámbito de la vacunación.
Estas acciones judiciales subrayan la importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente vulnerables, y reafirman el compromiso del Estado con su bienestar integral.
