El organismo de Derechos Humanos, que preside Horacio Pietragalla Corti, calificó como un «ataque» el comunicado de la UPMAC en el que, dijo, se manifiesta «contra una política de Estado y trabajadores» de la secretaría.
En el documento que publicó el domingo pasado la organización militar, le solicitó a Milei en su calidad de presidente electo que «elimine la Secretaría de Derechos Humanos porque sólo se ha dedicado a impulsar como querellante los llamados ‘juicios de lesa humanidad’, que no son más que la ‘máscara’ de la justicia venganza, que sirvió y sirve para humillar al personal militar, de fuerzas de seguridad y policiales, que participaron en la guerra antisubversiva de los ’70».
Además acusó a tres de sus trabajadores que participan de juicios de lesa humanidad de realizar «dictámenes tendenciosos y apartados de todo rigorismo jurídico y científico» contra imputados de ese tipo de causas y manifestó también que intentan «perseguirlos a cualquier precio» para que se «mueran en las cárceles».
En su página web, la UPMAC se autodefine como «una entidad privada sin fines de lucro», constituida el 29 de mayo de 2022, que busca «representar ante las instituciones nacionales y jurisdiccionales a todos sus asociados, en forma individual o colectiva, en cuestiones vinculadas al ejercicio de sus derechos, de sus condiciones de vida y de su desempeño profesional, con el fin de obtener un justo reconocimiento moral, social y material, por la alta responsabilidad que les compete como integrantes del sistema de Defensa Nacional».
En respuesta, la Secretaría afirmó que su accionar en los juicios de lesa humanidad es «en representación del Poder Ejecutivo» y «parte central de un proceso de Justicia por crímenes de la última dictadura que busca dar respuesta a la sociedad y cumplir los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos».
Aclaró que las querellas «buscan impulsar la acusación en el marco del debido proceso legal» y remarcó que «el cuerpo de peritos -creado por esta gestión- interviene ante la gran cantidad de prisiones domiciliarias concedidas a acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad, así como los casos en los que los imputados son apartados del proceso por cuestiones de salud».
«Quienes toman la decisión de conceder o revocar esos beneficios son los jueces federales y sus fallos son luego revisados por instancias superiores», acotó y destacó que durante la última administración de la Secretaría «se multiplicó el impulso en las causas, en especial las que abordan la responsabilidad civil y empresarial, y se realizó una intervención inédita en los procesos que se siguen en el exterior contra represores argentinos que se encuentran prófugos».
También señaló que el «proceso de Memoria, Verdad y Justicia no es llevado adelante sólo por el gobierno nacional» sino que se trata de «una política de Estado con la que se han comprometido los tres poderes desde hace 20 años por las que somos reconocidos en todo el mundo».
«Necesitamos seguir defendiendo los derechos humanos y profundizar en su cumplimiento, especialmente en contextos donde los negacionistas toman protagonismo y asumen roles institucionales», exhortó la Secretaría (TELAM)
