Preocupación por la demora de jurys a fiscales

Iturrioz y Heiber

Lo planteo el presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione.

 

 El presidente del Consejo de la Magistratura dijo estar preocupado porque el Tribunal de Enjuiciamiento lleva un año sin sustanciar los procesos contra los magistrados cuestionados en su accionar. Y también reclamó por la demora en la sanción al juez Piñeda.

 

 

 Ante lo que significa una demora de prácticamente un año en la convocatoria al Tribunal de Enjuiciamiento para llevar adelante distintos jurys contra magistrados, el presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, se mostró preocupado porque se siguen acumulando denuncias y porque no se cumple con la manda constitucional de control hacia el desempeño de los funcionarios judiciales. Incluso señaló que también hay sanciones pendientes que dependen del Superior Tribunal de Justicia, por lo que hizo un planteo público a los responsables, para que en ambos casos agilicen los trámites que surgieron de un trabajo responsable del organismo que preside.

“Vemos con mucha preocupación la demora que tiene el inicio de los juicios que están en el tribunal de enjuiciamiento respecto de las actuaciones que fuesen remitidas por el Consejo de la Magistratura”, indicó Maglione, y agregó que “también hay otras sanciones que ha pedido el consejo al STJ y todavía no se han concretado”.

Llamó la atención el presidente del consejo en que “hace casi un año que están pedidos estos juicios políticos de sanciones a magistrados y aún no fueron concretados” y dijo que si bien “esto puede deberse a las ferias judiciales, la pandemia y todas esas cuestiones”, reconoció que “la preocupación es que esos magistrados que están involucrados en denuncias con sumarios concluidos, han seguido actuando a lo largo de un año, y en algunos casos hemos recibido nuevas denuncias”.

“Me refiero particularmente a los pedidos de dos juicios políticos al fiscal Héctor Iturrioz, uno por una irregular detención de un ministro del Poder Ejecutivo y otra, que creemos la más grave, por no haber sido satisfactoria su actuación durante los últimos tres años de su función. Pero aún espera el sueño de los justos en el tribunal de enjuiciamiento, que en algún caso se ha conformado y en otros no”, explicó Maglione.

Luego añadió que “el otro caso es el fiscal Osvadlo Heiber, que tuvo tres denuncias formuladas por distintos funcionarios, entre ellos el Procurador General de la Provincia. Aquí se hizo el sumario, se concluyó en un dictamen final que debían ser remitidas las actuaciones al tribunal allá por agosto del año pasado en Esquel y todavía no se ha conformado el tribunal para llevar a cabo la definición procesal del magistrado”.

Y también mencionó que el año pasado “se solicitó una sanción al Superior Tribunal contra el juez Sergio Piñeda, pero todavía no ha tomado ninguna sanción ni definición al respecto”.

 

ESFUERZO

Explicó el presidente del Consejo de la Magistratura que ese organismo “hace un gran esfuerzo, en cumplimiento de la manda constitucional y de la ley, en llevar adelante las denuncias que formulan particulares, que obliga a conformar una comisión de admisibilidad que está compuesta por cuatro consejeros de cada uno de los estamentos, y luego si es admitida, se inician los sumarios correspondientes”.

Sostuvo que este procedimiento se llevó a cabo en estos casos, “y se ha determinado la remisión de las actuaciones al tribunal de enjuiciamiento en algún caso y en otros la sanción del STJ”. Pero ante la demora, dijo que “vemos con preocupación esto, porque tenemos una gran vocación en llevar adelante las actuaciones sin ninguna injerencia política o partidaria del Ejecutivo, el Legislativo o Judicial, y nos preocupa que en el Estado no se dé la importancia que esto tiene”.

Dijo finalmente que el consejo “no es sólo un cartel, si no un órgano extra poder creado por la Constitución y debe ser respetado”, por lo que en este sentido “creemos que debe hacerse lugar a lo que se pide, no decimos que deben ser condenados los magistrados, pero sí creemos que debe iniciarse el proceso constitucional para determinar si el funcionario puede seguir en el cargo no, con las garantías debidas”.

 

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