Menna y Torres se oponen al DNU que prorrogó la ley de propiedad comunitaria indígena

“No vamos a permitir que el Gobierno de Fernández abandone más a la población que se siente amenazada por la violencia”

 

Lo dijo el diputado nacional Gustavo Menna. Junto a Mario Negri, “Nacho” Torres y otros diputados presentaron este viernes un recurso de amparo ante la Justicia Federal para plantear la inconstitucionalidad del DNU por el cual el Presidente prorrogó la ley de propiedad comunitaria indígena, en momentos en que las modificaciones se debatían en el Congreso.  

El diputado nacional chubutense Gustavo Menna, junto a otra decena de legisladores, presentó un recurso de amparo en el que se planteó la inconstitucionalidad del DNU 805/21. A través de ese decreto, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó la ley de propiedad comunitaria indígena, pese a que sus modificaciones estaban con tratamiento actual en el Congreso.

La presentación recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 5 de la Capital Federal a cargo de la Dra. Alejandra Biotti.

“Mediante el DNU 805/2021, el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto prorrogar la Ley 26.160 (de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras por parte de comunidades indígenas), en clara violación a la prohibición de ejercer facultades legislativas contenidas en los artículos 1, 75, 76 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”, planteó el amparo.

Menna lo presentó junto a Mario Negri, Ignacio “Nacho” Torres, Lorena Matzen, David Schlereth, Fabio Quetglas, Marcela Campagnoli, Francisco Sánchez, Mónica Frade, Rubén Manzi y Pablo Torello.

Fue con el patrocinio del reconocido constitucionalista y profesor universitario Juan V. Sola y de los doctores Martín Galli Basualdo y Nicolás Suárez Colman.

El DNU “fue emitido a los pocos días en que había tenido lugar la media sanción en el Senado de la Nación del proyecto de ley que disponía tal prórroga y encontrándose en pleno trámite el proyecto que dispone similar prórroga, en la Cámara de Diputados de la Nación”, agregó la demanda.

Violencia en la Patagonia

“La Patagonia enfrenta una situación de violencia generada por grupos que reniegan de la soberanía argentina, amenazan a los pobladores, usurpan propiedad privada y pública, atacan a los guardaparques, incendian instituciones de la sociedad civil, muchas veces alentados por la omisión cómplice de un Gobierno Nacional que llegó a decir en palabras del Presidente que no era su función dar seguridad a la zona”, dijo Menna al respecto.

Agregó que “esa omisión muchas veces se tradujo en complicidad activa, como cuando el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, abogó por la liberación de Facundo Jones Huala, y cuando la Administración de Parques Nacionales desistió de la querella por la toma de Mascardi”, en Río Negro.

El legislador chubutense dijo que ante ello, “la sensación es de desprotección y abandono”.

Prórroga por decreto

No obstante, recordó que en ese marco “el Gobierno de Fernández resolvió prorrogar la ley 26.160 por un DNU en el mismo momento que en Diputados tratábamos en Comisión la cuestión”.

En ese tratamiento, repasó, “pretendíamos introducir modificaciones en esa ley para que tenga un límite temporal, ya que no se puede vivir en emergencia permanente y seguir prorrogando sin condiciones una norma que suspende la ejecución de sentencias de desalojo dictadas en juicios con todas las garantías”.

Además, resaltó, “proponíamos darle derecho de defensa al propietario que hoy en día puede ser despojado por el INAI sin que pueda exponer su posición. Por ese motivo la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal anuló hace pocos días una resolución del INAI”.

Explicó en este contexto que “el DNU 805 impide ese debate e implica avasallar atribuciones del Congreso”, ya que “no había motivos para dictar un DNU porque el Congreso no solo estaba funcionando sino que además tenía el tema en tratamiento”.

Contrario a la Constitución

“Es un Gobierno que lleva dictados 172 decretos legislativos en forma contraria a la Constitución. Normalizando una situación que solo es admisible como excepcional”, planteó.

“Por esa razón hemos interpuesto un amparo ante la Justicia Federal planteando la inconstitucionalidad del DNU 805”, dijo.

Y finalizó: “No vamos a permitir que Alberto Fernández siga atropellando y gobernando por decreto. Y menos que siga abandonando a la población que hoy se siente amenazada por la violencia y la desprotección de sus derechos”.

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