Día de la tierra, Chubut la Unión de Asambleas se declaró en alerta ambiental

La Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, informa y alerta a los habitantes de esta provincia sobre los numerosas problemáticas ligadas a la situación ambiental y sus graves consecuencias sociales.
Zonificación minera. En noviembre del año pasado se aprobó una ley en la legislatura del Chubut que de manera ilegítima e irregular subplantó una Iniciativa Popular contra la megaminería y permitió que se instale la posibilidad de explotar minerales metalíferos y radioactivos en el 80% del territorio provincial.
Violación de los derechos humanos y el rol de la justicia. Reimundo Pino, desaparece el 9 de julio de 2011. Este joven es hijo de Hortensia Huicha, pobladora mapuche de la meseta y activa vecina que denunció mediante una entrevista en video la intromisión de las mineras en sus territorios y la disminución del caudal del agua a partir de su presencia en la zona. El Estado argentino aún no reconoce a Reimundo Pino como un ciudadano desaparecido en democracia.
Por otro lado, ni las notas ni los numerosos amparos presentados en distintos estamentos gubernamentales y el poder judicial han tenido una respuesta contundente. Megaminería, fracking , represión a asambleístas en Rawson en el año 2012, inconstitucionalidad y fraude en la legislatura de Chubut como respuesta a la primera Iniciativa Popular contra la megaminería, son algunos de los graves temas que siguen sin resolverse.
Megaminería radioactiva. Existe una marcada falta de información y difusión por parte del Estado provincial y nacional sobre las consecuencias de la explotación de la megaminería de uranio, sus numerosos proyectos cercanos a pueblos pequeños y ciudades muy pobladas de Chubut, como así también y la instalación de una planta de procesamiento de uranio en la localidad de Cerro Solo. con la complicidad de la CNEA, multinacionales megamineras, gobierno provincial, municipales y nacional y universidades, a través del plan Nuclear Argentino.
Incendios en la cordillera de Chubut. Cholila, Puelo y Parque Los Alerces forman parte de la zona incenciada de manera intencional y que coincide con la ubicación de numerosos proyectos mineros, madereros e inmobiliarios.
Fracking. Se ha llevado adelante la explotación de pozos de fracking sin conocimiento de la población y a pesar de que asambleas y foros alertaron acerca de la prohibición o moratorias de esta técnica en varios países del mundo. La promoción de la extracción de arenas de Dolavon para su utilización en Vaca Muerta sigue su curso a pesar de no tener beneficio económico alguno, sin evaluación de las consecuencias ambientales, y a pesar de las manifestaciones contrarias a este emprendimiento petrolero no sólo en Neuquén sino frente al Congreso Nacional y en numerosos municipios donde ha sido prohibido.
Agrotóxicos. A pesar de que el glifosato ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como posible cancerígeno, prosiguen los proyectos de cultivo de soja y uso de agrotóxicos en la zona del valle de Chubut.
Comités de cuenca. La gestión del agua ha quedado en manos de unas pocas personas ligadas al gobierno, y cuyas reuniones no son difundidas ampliamente ni abren a la participación de todos los afectados. Por otro lado, el Instituto Provincial del Agua no responde a los numerosos cuestionamientos que se le ha hecho ante la presencia de focos de contaminación, desvíos de cauces, falta de control, etc. A esto se suma la grave situación económica por la que pasan las cooperativas de agua de las principales ciudades de Chubut.
Los pueblos originarios y el extractivismo. Estamos asistiendo a una profundización de la violencia hacia quienes se identifican con sus raíces y defienden sus territorios. La descalificación a traveés de los medios de comunicación, la persecución, la judicialización son moneda corriente… saqueo, entrega, criminalización y políticas de genocidio hoy se actualizan.
Las asambleas y foros de la provincia se mantienen en alerta, informando y accionando administrativa, judicialmente y en los espacios públicos denunciando a los responsables: el poder ejecutivo Martín Buzzi y sus ministros de Gobierno, Javier Touriñán, de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable, José María Musmeci, de Hidrocarburos Ezequiel Cufré, el poder legislativo y los 15 diputados promineros, el poder judicial y su tibio compromiso con la sociedad.

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