La Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió este jueves dejar firme una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.
«Se desestiman el pedido de excusación y el recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional», señala el breve fallo del máximo tribunal del país al que accedió la Agencia Sputnik.
En un aval a la normativa que el Congreso sancionó y ratificó frente a un veto del presidente, Javier Milei, la Corte Suprema dejó en firme la obligación de cumplir los artículos 5 y 6 de la ley relativos a la actualización de salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles de acuerdo a la inflación.
La Corte Suprema desestimó así el pedido de excusación que había planteado el Ejecutivo contra los integrantes del tribunal, por considerar que habían estudiado en universidades públicas, y respaldó el fallo de un tribunal de segunda instancia, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que había ordenado cumplir con los dos artículos de la normativa.
La demanda judicial fue promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las 61 universidades públicas y de otras 14 casas de estudio provinciales.
La resolución firmada por los tres ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se produce después de que el 10 de junio el Gobierno alcanzara un acuerdo con las universidades públicas por el que se comprometió a aumentar los salarios un 24,33 por ciento entre junio y octubre.
El Gobierno también aseguró que subiría desde junio un 20 por ciento los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
En simultáneo, anunció que transferiría 50.000 millones de pesos (34,3 millones de dólares) para la administración de los hospitales que dependen de las universidades públicas.
El Ejecutivo también respondió al reclamo sobre las ayudas, y dijo que a partir de julio incrementaría un 50 por ciento las becas Manuel Belgrano, destinadas a carreras de pregrado y de grado relacionadas con las ciencias exactas que duren cinco años.
A su vez, aseguró fondos de capacitación para los sindicatos docentes y no docentes, a cambio de que las universidades den cuenta de los fondos presupuestarios asignados, de acuerdo a la legislación.
A partir del fallo judicial, los gremios docentes y no docentes universitarios pueden exigir ahora una recomposición salarial del 32,5 por ciento.
En pos de mantener el equilibrio fiscal, el Gobierno se negaba a aplicar la ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, al considerar que su implementación implicaba un gasto de 1,9 billones de pesos (1.342 millones de dólares).
A través del decreto 759, el Ejecutivo promulgó en octubre la norma, pero la dejó sin aplicación, al subordinar su ejecución a que se especificaran las fuentes del financiamiento.
Todavía está pendiente de resolución el fondo de la cuestión planteada por el CIN en su demanda, que es la constitucionalidad de ese decreto, lo que será definido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 11, a cargo de Martín Cormick.
En diciembre, ese magistrado declaró inaplicable el decreto presidencial que suspendía la ejecución de la ley de Financiamiento Universitario y ordenó cumplir con los art. 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
En 2024, el Congreso también sancionó una ley de Financiamiento Universitario que fue vetada por el jefe de Estado.
Desde la asunción del actual Gobierno, en diciembre de 2023, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento, según los sindicatos universitarios.
La comunidad universitaria realizó hasta ahora cuatro marchas federales para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. (Sputnik)
