Un tribunal de apelaciones estadounidense rechazó la apelación que presentaron algunos fondos buitre contra la resolución adoptada en marzo a favor de Argentina que anuló una condena por la que se intimaba al país a pagar 16.000 millones de dólares por la reestatización de la petrolera YPF.
«La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de Burford para revisar la sentencia en el juicio YPF», informó el martes la Procuración del Tesoro en un comunicado, al referirse al principal fondo buitre que encabeza la demanda.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York denegó revisar la sentencia que en marzo revirtió un fallo en primera instancia por el que el país fue conminado a pagar a fondos buitre 16.100 millones de dólares por la reestatización de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) en 2012.
Este nuevo fallo, que ahora solo puede ser objetado por la Corte Suprema estadounidense, «constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación, y reafirma la sentencia obtenida por nuestro país», consideró la Procuración, bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo al Gobierno argentino, «este resultado representa un nuevo hito para la defensa de los intereses del Estado nacional y ratifica la importancia de sostener una política jurídica internacional basada en el rigor técnico, la coordinación institucional y la defensa soberana del interés público».
Se le denomina «fondos buitre» a aquellos fondos de capital de riesgo que invierten en deuda pública de una entidad que se considera cerca de la quiebra.
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, tramitó un juicio contra Argentina por la reestatización de la petrolera estatal YPF en 2012, que concluyó en septiembre de 2023 con un fallo a favor de fondos buitre encabezado por Burford Capital y Eton Park, a raíz del cual el país sudamericano fue instado a pagar 16.100 millones de dólares.
En junio, la magistrada ordenó al Estado argentino la entrega a los fondos buitre del 51 por ciento de las acciones de YPF por la expropiación de la compañía, como parte de pago del fallo sin sentencia firme en el que el país había sido condenado a pagar 16.100 millones de dólares.
En su sentencia de marzo, el tribunal de segunda instancia de Nueva York consideró que la magistrada había interpretado de modo erróneo la legislación argentina y el alcance de los estatutos de YPF, y ordenó que la causa vuelva a su juzgado para que dicte una nueva sentencia.
En julio, la Corte de Apelaciones había suspendido, por tiempo indeterminado, la orden de Preska, que además había incluido como beneficiario de la entrega de los títulos de YPF a Bainbridge, un fondo buitre que comenzó a litigar contra el país por deuda que quedó en cese de pagos tras el estallido social y económico de 2001, y que no fue reestructurada en los procesos iniciados por Argentina en 2005, 2010 y 2016.
Los fondos de inversión que encabezaban la demanda contra Argentina, Burford y Eton Park, junto con Bainbridge, habían pedido entre tanto al tribunal de alzada que obligase a este país a trasladar las acciones de YPF al Estado de Nueva York, a fin de lograr su venta forzada y recibir los fondos conseguidos para cumplir con las sentencias.
Pero el Departamento de Justicia estadounidense alegó, en noviembre de 2024, que la propiedad de un país soberano ubicada fuera de Estados Unidos goza de inmunidad absoluta.
CONTEXTO
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) expropió en abril de 2012 el 51 por ciento de las acciones de YPF controladas por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.
En abril de 2015, comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina (Eskenazi) que controlaba el 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Tras la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York, bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49 por ciento de las acciones restantes, según el estatuto de la empresa.
Medios locales refieren que Burford pagó 17 millones de dólares por los derechos de litigo de la familia Eskenazi y al mes siguiente dio curso a la demanda. (Sputnik)
