El apoderado de la empresa MR, Gastón Acevedo, cuestionó la intimación realizada por el Municipio de Comodoro Rivadavia para presentar documentación vinculada a la licitación del transporte público y advirtió que la situación genera “un enorme perjuicio económico” para la firma.
En diálogo con ABC Radio, Acevedo aseguró que la empresa “nunca fue notificada” sobre los motivos por los cuales no se avanzó con la firma del contrato y calificó de “vidriosa” la resolución municipal.
“Nos intiman claramente, pero acá no tenemos ningún incumplimiento. Es una objeción que no tiene el más mínimo sustento”, sostuvo.
“El derecho de uso ya está acreditado”
El abogado remarcó que la empresa cumplió con todos los requisitos exigidos en el artículo 43 del pliego licitatorio y explicó que los 95 colectivos modelo 2026 ya se encuentran disponibles en fábrica.
“Presentamos factura de compra, certificados oficiales de fábrica y declaraciones notariales que certifican que los colectivos están disponibles y a nombre de la empresa”, indicó.
Además, aclaró que las unidades todavía no fueron patentadas porque “son vehículos recién fabricados”.
“Es como pedir la libreta de un bebé antes que nazca”, ironizó.
“No vemos voluntad de resolver”
Acevedo manifestó preocupación por los tiempos establecidos por el Municipio, ya que la intimación otorga diez días para presentar la documentación adicional, plazo que supera el 1 de junio, fecha en la que debería comenzar el nuevo servicio.
“No vemos que exista una voluntad para arreglar este tema. Los colectivos siguen en la fábrica y el perjuicio económico es enorme”, afirmó.
En ese marco, anticipó que la empresa presentará nueva documentación respaldatoria, incluyendo facturas, escrituras y fotografías de las unidades.
Posibles acciones judiciales
El representante legal de MR también advirtió que, si el Municipio decide avanzar con una nueva prórroga o una adjudicación directa a otra empresa, podrían iniciarse acciones judiciales.
“Sería totalmente obsceno que eso ocurra. Ahí sí tendrían fundamento denuncias penales y demandas por daños y perjuicios”, expresó.
Asimismo, citó el artículo 68 de la Constitución Provincial y sostuvo que “los funcionarios son responsables solidarios por los perjuicios ocasionados a la administración”.
“Se rompió la confianza”
Finalmente, Acevedo aseguró que la relación entre las partes quedó afectada tras lo ocurrido en los últimos días.
“Se rompió una confianza contractual entre las partes. Nosotros seguimos teniendo voluntad de resolverlo, pero vemos difícil que esto termine positivamente”, concluyó.
