En el marco de la lucha contra el crimen organizado, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización dedicada al tráfico nacional e internacional de armas de fuego, con ramificaciones en distintas provincias, entre ellas Chubut, y vinculaciones con operaciones hacia países limítrofes como Chile y Uruguay.
La investigación fue encabezada por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y se extendió durante dos años. El expediente se desarrolló por disposición del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Campana, a cargo del doctor Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Penal N°2, encabezada por el doctor Agustín Andrés Ocampo, y en coordinación con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), conducida por el doctor Santiago Marquevich.
Según se informó oficialmente, la causa comenzó a partir de una denuncia presentada por el RENAR, que alertó sobre la existencia de una organización que adquiría armas de fuego en apariencia de manera legal, para luego volcarlas al mercado clandestino.
A partir de distintas tareas de inteligencia criminal y trabajo de campo, los investigadores determinaron que los integrantes de la banda utilizaban “testaferros” para comprar, principalmente, pistolas semiautomáticas de distintas marcas y calibres, entre ellas Bersa, Glock y Taurus, en cantidades significativas y en lapsos muy cortos. En muchos casos, los compradores no contaban con capacidad económica suficiente, lo que reforzó las sospechas sobre la maniobra.
La pesquisa también permitió detectar la posible participación de armerías y gestores especializados que facilitaban los trámites de compra y transferencia del armamento, integrando una estructura aceitada para introducir las armas en el circuito ilegal.
De acuerdo a la investigación, una vez obtenidas, las armas eran ingresadas al mercado negro, en algunos casos con sus numeraciones limadas, y luego trasladadas en contrabando hacia otros países. El dinero obtenido de estas maniobras era presuntamente reinvertido en la compra de bienes muebles e inmuebles, configurando además una red de lavado de activos.
Los investigadores señalaron que dentro de la estructura delictiva había ex empleados del RENAR, expulsados por la actual gestión, que aprovechaban su conocimiento técnico y sus contactos para facilitar los trámites de adquisición y transferencia de armas en favor de los testaferros.
Cómo operaba la banda
Según se detalló, la organización estaba integrada por distintos actores con roles específicos. Por un lado, había responsables de armerías y mandatarios, cuyos comercios centralizaban gran parte de las compras y también intervenían en la transferencia interna del armamento entre prestanombres.
Por otro lado, se detectó la participación de gestores e instructores de tiro, quienes certificaban trámites a cambio de dinero, incluyendo la provisión de aptos médicos y psicológicos para usuarios irregulares.
El tercer eslabón estaba compuesto por los llamados usuarios irregulares registrados en RENAR, conocidos como testaferros. En este grupo, la organización reclutaba personas de bajos recursos para que, a cambio de un pago, cedieran sus datos personales y así crear usuarios habilitados para la compra de armas.
Con esa documentación, la banda adquiría grandes cantidades de armamento, muchas veces del mismo modelo y marca, para luego adulterar o eliminar los números de serie y comercializarlas en el mercado ilegal. Algunas de esas armas, según se informó, fueron secuestradas posteriormente en hechos de sangre y en otros procedimientos realizados tanto en Argentina como en países vecinos.
Allanamientos en Chubut y otras provincias
Con el avance de la causa y el cúmulo de pruebas recolectadas, la Justicia ordenó la realización de 140 allanamientos simultáneos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego, además de una orden de presentación en la Ciudad de Buenos Aires.
Como resultado de esos operativos, fueron detenidas 35 personas, entre ellas cuatro mujeres y 31 hombres, señaladas como integrantes de la organización criminal.
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un importante arsenal compuesto por 25 escopetas calibre 12,70 mm, 55 pistolas de distintos calibres, 17 revólveres, 7 fusiles calibre 308, 8 ametralladoras calibre 9 mm, 5 carabinas calibre 22, 3 pistolones, 32 cargadores, una máquina de recarga, 43.100 municiones, 2 cañones de pistola, una granada MK2 y 2 cuñetes de pólvora.
Además, también fueron incautados 10 teléfonos celulares y varios gramos de cocaína “tusi” y marihuana.
Los detenidos y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interviniente. En tanto, se dispuso que los hombres fueran trasladados a la Alcaidía Madariaga y las mujeres a la Alcaidía Cavia, donde continuarán las actuaciones procesales correspondientes.
