Un juzgado argentino en el fuero laboral otorgó una medida cautelar que suspende la reforma laboral que el Gobierno logró sancionar en el Congreso, en respuesta a un pedido de la principal central sindical del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), informaron este lunes fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.
«La justicia laboral frenó de momento la reforma: hacen lugar a una cautelar pedida por la CGT», señalaron a esta agencia desde los tribunales de la capital argentina.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n.º 63 suspendió de manera provisoria algunos artículos de la normativa de la Ley 27.802, bajo la consideración de que podía afectar varios derechos constitucionales.
La resolución fue adoptada en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la central obrera contra el Estado por la reforma laboral que la actual gestión promulgó el 6 de marzo.
El juzgado consideró pertinente otorgar la medida cautelar para garantizar una «mayor seguridad jurídica», dado que «hay derechos humanos comprometidos» y «millones de contratos vigentes esperan definiciones sobre la aplicación temporal de la ley y certidumbre sobre su contenido».
«En esta causa se discute sobre derechos vinculados a este concepto y a la dignidad de las personas, que buscan en su trabajo la forma de sostener su vida y la de su familia», señala el fallo.
El juzgado, a cargo del juez Raúl Ojeda, también destacó el principio de justicia social reconocido en el preámbulo de la Constitución para justiciar la medida cautelar otorgada.
En su pedido a la justicia, la CGT cuestionó un amplio conjunto de disposiciones de la reforma laboral, al sostener que introducía «modificaciones peyorativas y permanentes en los derechos individuales y colectivos de los trabajadores», lo que afectaba las garantías constitucionales como la protección del trabajo, la libertad sindical y el principio de progresividad.
El juez Ojeda reconoció a su vez que la CGT «posee legitimación activa» para representar a los trabajadores en un planteo de estas características, que involucra derechos de incidencia colectiva vinculados al mundo laboral.
El magistrado también puso el foco en la posible afectación de derechos de raigambre constitucional, ya que las normas impugnadas podrían implicar una «desprotección» de los trabajadores, así como restricciones en materia de libertad sindical y acción colectiva.
Si bien reconoce que el Congreso puede modificar el marco normativo, el juez también advirtió que la legislación debe respetar estándares constitucionales y no implicar retrocesos injustificados.
Por su parte, el Gobierno había solicitado el rechazo de la cautelar al sostener que la ley fue dictada en ejercicio de facultades constitucionales y que su suspensión afectaría el interés público, e incluso advirtió que una medida de este tipo implicaría «una indebida interferencia en la esfera de atribuciones del Poder Legislativo».
Sin embargo, el juzgado entendió que, en esta etapa preliminar, corresponde preservar la situación existente hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
En esa línea, el magistrado afirmó que la cautelar busca «evitar la concreción de situaciones jurídicas irreparables» mientras se desarrolla el proceso principal.
La medida tiene carácter provisorio y regirá hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
LA REFORMA
La reforma modifica el régimen de trabajo actual, vigente desde 1974, habilitando por ejemplo jornadas de hasta 12 horas diarias a través de un banco que reemplaza el pago del tiempo adicional trabajado por horas libres o jornadas reducidas.
El texto autoriza además al empleador a fraccionar las vacaciones de sus empleados por un mínimo de siete días y a que ese período de descanso pueda ser usufructuado en temporada de verano cada dos años.
La nueva legislación también extiende el período de prueba en varios regímenes especiales, como el que concierne a los trabajadores rurales o a las trabajadoras de casas particulares.
Se establece, además, un régimen específico para los empleos relacionados con plataformas digitales, sector en el que el empleado es considerado un trabajador independiente y, como tal, no tiene derecho a vacaciones pagas o al aguinaldo.
La ley también crea un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones, financiado a través de la seguridad social, y establece la derogación de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista profesional.
Para lograr el apoyo que necesitaba para la sanción de la reforma laboral, el oficialismo aceptó retirar un artículo que proponía reducir los salarios entre un 25 y un 50 por ciento en caso de enfermedad o accidente no laboral.
La reforma laboral profundiza parte de los cambios que el Gobierno logró introducir en la materia en 2024, con la sanción de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
La norma amplió los períodos de prueba, eliminó las sanciones a quienes evaden aportes a cambio de regularizar al trabajador y habilitó a los empleadores a contratar a hasta cinco asalariados bajo el carácter de independientes.
El partido oficialista La Libertad Avanza fortaleció su posición parlamentaria desde el 10 de diciembre, tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, consolidándose como la primera minoría en Diputados y segunda fuerza en el Senado. (Sputnik)
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