Un tribunal de apelaciones estadounidense suspendió todas las demandas pendientes contra Argentina por la reestatización de la petrolera YPF hasta que se defina el fondo de la cuestión en torno al litigio, informó este miércoles la Oficina del Presidente.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York «concedió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante la Corte de Distrito, hasta tanto sea resuelta la apelación de fondo relativo al juicio de YPF», destacó el órgano en un comunicado.
De esta manera, la Cámara de Apelaciones congeló el proceso de producción de pruebas y rastreo de posibles activos a ser embargados, como bienes del Estado argentino, hasta que se pronuncie sobre la sentencia de una jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que en septiembre de 2023 instó al país a pagar a fondos buitre 16.100 millones de dólares por la reestatización de YPF en 2012.
Se le denomina «fondo buitre» a aquellos fondos de capital de riesgo que invierten en deuda pública de una entidad que se considera cerca de la quiebra.
El tribunal de segunda instancia de Nueva York, de este modo, accedió al pedido presentado el 6 de marzo por el Gobierno argentino y suspendió, en concreto, una audiencia de apelación sobre el eventual acceso a dispositivos y cuentas personales de funcionarios.
La Cámara de Apelaciones se centrará así en la resolución de fondo, es decir, si corresponde que Argentina pague los 16.100 millones de dólares a los fondos buitre.
El fallo, que el presidente argentino, Javier Milei, atribuyó a las gestiones de la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue calificado como «una decisión histórica y sin precedentes a favor de la República Argentina en el juicio por YPF».
En el texto difundido por su Oficina, Milei insistió en que la medida constituye «un hito histórico» en defensa del país «en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional» para la nación sudamericana.
«La resolución refleja también el reconocimiento por parte de la justicia de EEUU de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina», consideró.
En junio, la jueza Preska ordenó al Estado argentino que entregase el 51 por ciento de las acciones de YPF a los fondos buitre por la expropiación de la compañía, como parte de pago del fallo sin sentencia firme en el que el país había sido condenado a pagar 16.100 millones de dólares.
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió en julio, por tiempo indeterminado, esa orden de la magistrada, quien además había incluido como beneficiario de la entrega de los títulos de YPF a Bainbridge, un fondo buitre que comenzó a litigar contra el país por una deuda que quedó en cese de pagos tras el estallido social y económico de 2001, y que no fue reestructurada en los procesos iniciados por Argentina en 2005, 2010 y 2016.
Los fondos de inversión que encabezaban la demanda contra Argentina, Burford y Eton Park, junto con Bainbridge, habían pedido al tribunal que obligase a este país a trasladar las acciones de YPF al estado de Nueva York, a fin de lograr su venta forzada y recibir los fondos conseguidos para cumplir con las sentencias.
Pero el Departamento de Justicia estadounidense alegó, en noviembre de 2024, que la propiedad de un país soberano ubicada fuera de Estados Unidos goza de inmunidad absoluta.
CONTEXTO
El Ejecutivo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) expropió en abril de 2012 el 51 por ciento de las acciones de YPF controladas por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.
En abril de 2015, comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina (Eskenazi) que controlaba el 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Tras la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York, bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49 por ciento de las acciones restantes, según el estatuto de la empresa.
Medios locales refieren que Burford pagó 17 millones de dólares por los derechos de litigio de la familia Eskenazi y al mes siguiente dio curso a la demanda. (Sputnik)
