El 2 de agosto de 2022, dos clientes denunciaron que ingresaron a sus cajas de ahorro y descubrieron que el dinero ya no estaba en sus cuentas del Banco del Chubut.
Según su relato, a través de diez transferencias sucesivas, realizadas sin autorización mediante el sistema de homebanking, les habían vaciado parcialmente los fondos de dos cuentas bancarias cuyos titulares eran integrantes de una pareja.
El reclamo de ambas personas fue inmediato, ya que a la afectación económica se sumaba la sensación de desprotección frente a un sistema que debía ser seguro. Sin embargo, los planteos ante la entidad bancaria no tuvieron una respuesta efectiva.
Desprotección y daño
Un matrimonio de adultos mayores —él, médico jubilado; ella, docente pensionada— sufrió el vaciamiento parcial de sus cajas de ahorro mediante diez transferencias no autorizadas que sumaron un total de $442.100. Eran clientes de larga data de la institución y relataron haber sentido una “total desprotección” al ver desaparecer sus ahorros en pocos minutos.
Según las pericias psicológicas, el suceso les provocó un “daño en el proyecto de vida” y un estado de hipervigilancia constante. La mujer manifestó cuadros de angustia y llanto recurrente, mientras que el hombre sufrió un deterioro en su salud física vinculado al estrés, con episodios de insomnio y una profunda sensación de humillación ante la indiferencia del banco, que los trató como responsables de la estafa durante todo el proceso administrativo.
De acuerdo con lo acreditado en el expediente, la entidad bancaria no logró demostrar que su plataforma digital hubiera funcionado con los estándares de seguridad exigibles ni ofreció una solución administrativa que reparara el daño. Ante esa falta de respuesta, los usuarios iniciaron una demanda judicial al año siguiente.
Resolución judicial
En noviembre de 2025, la Justicia civil de Rawson dictó sentencia de primera instancia -fallo que no está firme y es revisable en instancias superiores- y fue contundente: el banco incumplió el deber de seguridad y brindó un trato indigno a los consumidores.
El fallo aplicó la normativa de Defensa del Consumidor y dejó en claro que la protección de las operaciones electrónicas no puede trasladarse al usuario. Además, tuvo en cuenta la condición de personas mayores de los damnificados y las consecuencias psíquicas que el hecho y la falta de respuestas generaron en ambos.
La condena obliga al banco a la restitución del dinero sustraído, intereses, y una compensación por daño moral y psicológico, así como una multa por daño punitivo, en función de la negligencia demostrada ante el fraude.
La resolución no es definitiva, ya que aún puede ser apelada.
