La senadora Patricia Bullrich logró el dictamen de mayoría del proyecto de Modernización Laboral en la Comisión de Trabajo del Senado. Aunque la iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto, el oficialismo abrió la puerta a futuras modificaciones en negociación con aliados del radicalismo, el Pro y partidos provinciales.
El debate en el Senado fue postergado para el próximo 10 de febrero, en el marco de una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo. Antes, el 26 de diciembre, la Cámara alta debatiría el Presupuesto 2026.
La firma del dictamen se dio luego de la extensa sesión en Diputados, que concluyó en la madrugada de este jueves. Con ese antecedente, la Comisión de Trabajo avanzó con el dictamen de mayoría de la reforma laboral. Según lo previsto, el proyecto llegará al recinto el 10 de febrero de 2026 y, durante lo que resta del año, el Senado solo tratará el Presupuesto y el proyecto de Inocencia Fiscal, las dos iniciativas ya aprobadas por la Cámara baja.
Durante el debate, Bullrich afirmó que “este es un proyecto que se viene discutiendo desde principios de la democracia, con distintos momentos históricos en los que se intentó modernizar la ley laboral. Siempre se buscó retrasarlo y hoy la decisión es sacarlo”, en referencia a los intentos impulsados durante los gobiernos de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.
La Comisión de Trabajo escuchó a nuevos expositores, entre ellos Nicolás Debernardi, representante de la plataforma digital Pedidos Ya; Marcelo Pariente, de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios; el actor Pablo Echarri; y Agustín Lecchi, secretario general del gremio de prensa SIPreBA.
El impacto de la sesión en Diputados
El cierre del debate en comisión estuvo atravesado por la sanción del Presupuesto 2026 en Diputados, donde el oficialismo sufrió la caída del capítulo XI, que contemplaba la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
A ese escenario se sumó la tensión política generada en el Pro tras la ruptura con Cristian Ritondo en la Cámara baja por los nombramientos de los auditores. Ese conflicto reavivó la desconfianza entre el oficialismo y el partido amarillo. En ese contexto, los senadores del Pro anticipan una reunión con Patricia Bullrich antes del 10 de febrero para recomponer el vínculo político, en la antesala del tratamiento de la reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza.
Martín Goerling Lara, jefe del bloque de diputados del PRO, firmó el dictamen de mayoría en disidencia. Planteó cambios vinculados al órgano de aplicación de la ley —que quedaría en manos del Ministerio de Trabajo— y propuso revisar las derogaciones de estatutos incluidas en el proyecto oficialista.
Otros sectores advirtieron que la iniciativa implica un retroceso en los derechos laborales y cuestionaron la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Las negociaciones para introducir modificaciones se desarrollarán con un armado de 44 senadores de distintos espacios políticos, con exclusión del bloque peronista de Unión por la Patria. Sin embargo, Bullrich aseguró que no se descarta ninguna propuesta que sea considerada “razonable”.
El dictamen de mayoría cuenta con las firmas de los libertarios Patricia Bullrich, Joaquín Benegas Lynch, Carmen Álvarez Rivero, Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero; de los radicales Rodolfo Suárez y Silvana Schneider; y de los senadores del Pro Andrea Cristina y Martín Goerling Lara, estos últimos en disidencia parcial.
La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero señaló a TN que la reforma es clave porque “desde 2011 en la Argentina no se crea empleo formal. Hoy hay más gente trabajando sin derechos que con derechos garantizados. Hay que pensar cómo formalizar a esos 10 millones de personas. Es una tarea enorme: equivale a dos provincias de Córdoba. Personas que trabajan, se esfuerzan y apenas sobreviven. La intención es que esta ley les permita progresar y aportar al sistema jubilatorio, tanto para su futuro como para los jubilados actuales”.
En la misma línea, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, afirmó que la norma “genera incentivos para que las pequeñas y medianas empresas puedan contratar, favorece a los jóvenes —que son quienes más dificultades tienen para ingresar al mercado laboral— y a quienes hoy están en la informalidad”. Además, sostuvo que “termina con la industria del juicio, que perjudica tanto a pymes como a trabajadores”, y puso como ejemplo a San Luis, una de las provincias con mayor litigiosidad laboral del país.
Unión por la Patria volvió a rechazar la iniciativa. Incluso, varios de sus senadores participaron del acto convocado por la CGT contra el proyecto de reforma laboral. En el palco montado en Plaza de Mayo estuvieron José Mayans, Jorge Capitanich, María Celeste Giménez Navarro, Teresa González, Alicia Kirchner, Carlos Linares, Juan Manzur, Ana Marks y Mariano Recalde.
