«El nuevo Congreso (…) tendrá la enorme misión de aprobar proyectos necesarios para que el país salga adelante. Una de esas reformas -y tal vez la más importante para sostener el nuevo orden que hoy impera en la Argentina- es la reforma del Código Penal», puntualizó el lunes el jefe de Gabinete y portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa con la ministra saliente de Seguridad, Patricia Bullrich.
El proyecto de la actual gestión establece en 25 a 30 años la pena máxima por los homicidios simples, mientras que por «conducción imprudente», el castigo oscilará entre los dos y seis años de prisión, en vez de de uno a tres años, mientras que si es figura agravada, la escala es entre tres y seis años de cárcel, en vez de de dos a cuatro años.
La ministra saliente de Seguridad, que ya juró como senadora la semana pasada en representación del oficialismo, La Libertad Avanza (ultraderecha), señaló que ante un abuso de armas «la condena va a ser taxativa, concreta y no va a haber interpretación judicial posible».
Frente al máximo de la pena en Argentina, que en la actualidad es de 35 años, «las condenas perpetuas no van a tener límite temporal», destacó Bullrich en su último día al frente del Ministerio de Seguridad.
Una de las principales novedades reside en declarar como imprescriptibles los delitos especialmente graves, como los sexuales, pornografía infantil, explotación sexual o corrupción de menores, trata de personas, secuestros extorsivos, atentados al orden constitucional, financiamiento del terrorismo, y tráfico y contrabando de estupefacientes.
«Como consecuencia de este nuevo Código Penal, el 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva», aseguró Bullrich.
La iniciativa también intenta proteger a las Fuerzas de Seguridad con un cambio de doctrina, con un apoyo ampliado a los policías y un planteamiento represivo respecto a las políticas de prevención.
«La presunción va a estar siempre a favor de quien se defiende», enfatizó la titular saliente de Seguridad.
Los delitos de corrupción, en tanto, dejarán de tener penas de cinco o seis años y pasarán a ser castigados con «penas graves y gravísimas de acuerdo al delito cometido», indicó la funcionaria.
El proyecto también sugiere elevar de tres a 12 años las penas por hurtos de pertenencias, mientras que las estafas procesales, la porno venganza y el hostigamiento pasan a ser delitos graves.
La actual gestión no se quiso pronunciar sobre si evalúa eliminar del Código Penal el agravante vinculado a la violencia por motivos de género, que en el país se plantea como la eliminación de la figura de feminicidio, por más que no exista como tal.
Las dudas surgieron a partir de un discurso del presidente, Javier Milei, ante el Foro económico de Davos en enero, cuando planteó que la figura del feminicidio «legaliza de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre».
El Gobierno propondrá el debate de la reforma del Código Penal en sesiones extraordinarias en el Senado a partir del 10 de diciembre, cuando asumirán los nuevos legisladores electos en los comicios nacionales parlamentarios del 26 de octubre, en los que se impuso el oficialismo con más del 40 por ciento de los votos.
El Ejecutivo argentino también espera tramitar en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto del año que viene y una reforma laboral que negocia con diversos bloques. (Sputnik)
