El Gobierno habilitó el corte de servicio de agua potable a los usuarios residenciales por deudas en sus facturas, lo que estaba prohibido desde hacía 18 años, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que avanza en la privatización de la compañía estatal Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa).
«La concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes, consigna el art. 81 del anexo del DNU 493 publicado el martes en el Boletín Oficial.
Con el decreto, el Ejecutivo de Javier Milei modificó más de un centenar de artículos del régimen regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales.
Los cambios inciden sobre la Ley 26.221 promulgada en 2007, que solo permitía el corte de agua a usuarios no residenciales, como comercios, por falta de pago de las facturas durante dos períodos consecutivos, mientras que los usuarios residenciales solo podían verse afectados por restricciones del suministro.
El DNU de la actual gestión estipula que las empresas que incursionen como prestadoras del suministro de agua podrán cortar el servicio de agua a los usuarios residenciales por facturas impagas de más de 60 días, y a usuarios no residenciales por deudas de más de 15 días.
Las concesionarias también podrán comercializar excedentes de agua potable o capacidad cloacal, tener «amplias facultades para auditar las obras dentro del área regulada», y la posibilidad de constituir garantías con los ingresos de la concesión para respaldar financiamiento externo.
El cambio regulatorio también incide sobre Aysa, una empresa pública que provee los servicios de agua y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y en 26 de los 135 partidos de la provincia homónima (este) que rodea la capital.
El DNU modifica el artículo 2 del decreto que constituyó la empresa, por el que se establece que «el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria» en la empresa.
Según alegó el Gobierno, «la actualización del marco regulatorio se presenta como una condición esencial para posibilitar el ingreso de capital privado a la sociedad (…) en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público».
Creada en 2006, al reestatizar los servicios de agua y saneamiento durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), la empresa requirió aportes del Tesoro nacional por más de 13.400 millones de dólares desde ese año y hasta el año 2023, marcó la actual administración.
PRIVATIZACIONES
El Gobierno de Milei, que prioriza la privatización de empresas públicas para reducir la estructura estatal y el gasto público, concretó este proceso con varias empresas.
En enero, la actual administración concretó la primera privatización de una empresa controlada por el Estado: la siderúrgica Impsa, creada hace 118 años, cuya mayoría de acciones fue adjudicada a un consorcio de capitales estadounidenses.
El Gobierno también privatizó Energía Argentina (Enarsa), una compañía que cubre toda la cadena de valor vinculada con los hidrocarburos; Intercargo, el servicio de rampas que se brinda en los aeropuertos; Corredores Viales, la empresa que gestiona las autovías de las carreteras y autopistas nacionales en 13 de las 24 jurisdicciones del país; y Belgrano Cargas, una compañía creada en 2013 que opera los servicios ferroviarios de carga que comunican la capital argentina con el cordón urbano de la provincia bonaerense. (Sputnik)
