El Gobierno argentino redujo este lunes los requisitos estatales para aprobar inversiones mineras, con el objetivo de agilizar el desarrollo de proyectos en el sector.
«Menos trámites, menos riesgo para la actividad minera», señaló en las redes sociales el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso que el Banco Nacional de Información Geológica salga de la órbita de la Secretaría de Minería y pase a ser administrado por el Servicio Geológico Minero (Segemar), que depende del Ministerio de Economía.
El Ejecutivo también simplificó los requisitos para la emisión del certificado de estabilidad fiscal para proyectos mineros.
«A partir de ahora simplemente consignarán la fecha de entrada en vigencia, sin que sea necesario un relevamiento puntual de todos los posibles tributos que requería una intervención de provincias y municipios», explicó Sturzenegger.
Asimismo, el Gobierno encabezado por Javier Milei habilitó a las empresas mineras con beneficios fiscales a presentar un informe profesional privado en sustitución del trámite de constatación de actividades.
Además, se eliminó la emisión de un certificado público que acreditaba la verificación de las tareas e inversiones realizadas.
Según el Gobierno, estas medidas buscan reducir la intervención estatal y mejorar la eficacia en la gestión pública.
La simplificación administrativa en la minería «reduce primordialmente la incertidumbre asociada a cada intervención estatal», pues «en muchas actividades el riesgo no está en el mercado, ni siquiera en la geología, sino en las múltiples instancias de la relación con el Estado en las que cada trámite es el tren fantasma: ¡nunca sabes con que te vas a encontrar! Por ello, menos trámites, menos riesgo», alegó Sturzenegger.
El decreto está amparado en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, una norma clave que le permitió a la administración Milei avanzar en la desregulación económica.
La ley declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética y otorgó al Poder Ejecutivo facultades legislativas del Congreso que caducan este martes. (Sputnik)
