El informe detalló que “En febrero, el Sector Público Nacional (SPN) anotó un superávit fiscal de $1.232.525 millones antes de cubrir los intereses de la deuda, bajando a $338.112 millones después de saldar esos compromisos (por $894.412 millones). El ajuste del gasto sigue en marcha, que a su vez afecta los ingresos públicos, sobre todo por el efecto en la caída de la actividad económica”.
Luego agregó que “los ingresos de febrero llegaron a $5,5 billones, un salto del 252,5%, pero que implica una caída de 6,3% ajustados por inflación. Por otro lado, los gastos fueron de $4,3 billones, aumentando apenas un 139,3%, que al ajustarlos por inflación, sufrieron una reducción de 36,4%”.
Para CEPA, “Es relevante notar que dentro de este proceso de ajuste, si bien todas las partidas de gasto caen, el principal componente es la licuación de las jubilaciones, que explicaron el 35% del total. Esto muestra la complejidad de la situación fiscal y la insostenibilidad a mediano plazo. Se repitió en febrero lo ocurrido en el mes de enero: el superávit se edificó sobre un recorte sin precedentes en el gasto público”.
El ajuste
En cuanto a las herramientas que posibilitaron alcanzar el superávit gemelo indicó que “Durante febrero, los gastos totales del Sector Público Nacional (SPN) ascendieron a $4.303.133 millones, marcando un incremento nominal del 139,3%. Sin embargo, este aumento nominal se tradujo en una disminución real del 36,4% una vez descontada la inflación”.
“La notable reducción en los egresos se atribuye principalmente a la licuación de los haberes de los jubilados, la falta de gestión por parte del nuevo gobierno y la decisión de no ejecutar el presupuesto. Todas las partidas muestran reducciones en términos reales, la mayoría con caídas de dos dígitos, siendo la más significativa aquella relacionada con jubilaciones, que se desplomó 38%. Se destacan también la notable caída en las pensiones no contributivas (-43%) y en las transferencias corrientes a las provincias (-85%) y a las universidades (-25%)”, resaltó.
El análisis puso el acento en que “De cada 100 pesos ajustados en febrero, 35 correspondieron a recortes en jubilaciones. Esta tendencia, que se arrastra desde enero, refleja el fuerte impacto en los ingresos de los jubilados de la inflación desatada tras la asunción de Milei y la falta de medidas gubernamentales para compensar esta situación. Otra área afectada significativamente son los subsidios, donde se evidencian los efectos del retiro de los mismos en el sector transporte, tanto en AMBA como en el Fondo Compensador del Interior con su respectivo impacto en el precio del boleto, y mayormente en el sector energía, con el recorte de las transferencias a CAMMESA, la empresa distribuidora, que desató problemas en la cadena de pagos e introduce dudas sobre la sostenibilidad del ajuste”.







