El escritor y docente comodorense Jorge Spíndola brindó detalles sobre la acción judicial presentada para solicitar la nulidad del acuerdo entre el Gobierno de Chubut e YPF, vinculado a la salida de la compañía de áreas petroleras de la región.
En diálogo con ABC Radio , Spíndola explicó que una de las principales motivaciones para avanzar judicialmente fue la preocupación por las consecuencias ambientales que, a su entender, quedan para Comodoro Rivadavia después de décadas de explotación petrolera.
“Uno es comodorense, ama este lugar y lo respeta”, expresó y sostuvo que la ciudad enfrenta desde hace años problemáticas relacionadas con el deterioro ambiental y los pasivos derivados de la actividad hidrocarburífera.
Uno de sus principales cuestionamientos apunta al monto de 25 millones de dólares contemplado en el acuerdo. Según planteó, esa cifra no estaría respaldada por una evaluación integral previa que permita determinar la magnitud del daño existente.
“No hay una evaluación real de todo el daño ambiental”
Spíndola aseguró que uno de los fundamentos de la presentación judicial es precisamente la falta de un diagnóstico que cuantifique los pasivos.
“No hay una evaluación real, un diagnóstico real de todo el daño ambiental”, afirmó. También cuestionó que, según su postura, el convenio haya avanzado sin una consulta suficiente a la ciudadanía, al municipio y a organizaciones de Comodoro Rivadavia.
El docente mencionó entre las problemáticas la existencia de pozos petroleros inactivos, dificultades relacionadas con el uso del suelo y sectores de la ciudad históricamente atravesados por la actividad de YPF.
Además, hizo referencia al artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece principios vinculados a la recomposición del daño ambiental.
“Quien rompe, paga”, resumió Spíndola al explicar la posición de quienes impulsan la demanda.
Cuestionamientos sobre futuras responsabilidades
Otro de los puntos que preocupa a los demandantes es determinar quién deberá responder ante eventuales consecuencias ambientales, sociales o patrimoniales que puedan surgir en el futuro.
Spíndola cuestionó la posibilidad de que esas responsabilidades terminen recayendo sobre la Provincia y, por lo tanto, sobre recursos públicos.
En ese sentido, calificó el convenio como un “mamarracho jurídico” y consideró que se avanzó sin una adecuada evaluación técnica y económica.
Durante la entrevista también se mencionó la acción iniciada por el Municipio de Comodoro Rivadavia, orientada a determinar y cuantificar el daño ambiental.
Buscarán sumar a vecinos y organizaciones
Espíndola adelantó que la presentación no pretende quedar limitada a quienes inicialmente impulsaron la acción.
“La causa está abierta a que se adhieran todos los vecinos, organizaciones e instituciones de la ciudad”, señaló.
Indicó que trabajan en una estrategia para comunicar los alcances de la presentación y generar acompañamiento social. También mencionó la participación de profesionales vinculados al derecho ambiental y constitucional y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Según adelantó, organizaciones ambientalistas del sur de Chubut también manifestaron interés en conocer los mecanismos para adherir.
“Hay que construir el consenso social en torno a la visibilización”, sostuvo Spíndola, al remarcar que la discusión excede a quienes actualmente llevan adelante la presentación y alcanza al futuro ambiental de Comodoro Rivadavia.
