Un caso de gravedad relacionado con violencia de género fue presentado por el Ministerio Público Fiscal durante una audiencia de control de detención llevada adelante ayer a la mañana en sala de oficinal judicial de Trelew, donde la fiscal general Julieta Gamarra expuso los hechos ocurridos durante un lapso de tiempo en que el imputado hizo caso omiso a diversas medidas judiciales.
En tal sentido, refirió a una investigación iniciada en mayo, cuando el hombre no soportó el ser rechazado para sostener un vínculo de pareja y comenzó con una serie de conductas que pasaron por el hostigamiento, la violencia, persecuciones, amenazas, daños y hasta hurtos. Es así que en julio se elevó una acusación por cuatro hechos delictivos, a la vez que se imponían medidas de protección hacia la víctima que fueron prorrogadas en varias oportunidades, como prohibiciones de acercamiento, incumplidas reiteradamente, constando tres desobediencias judiciales, por lo que fue detenido y estuvo con prisión preventiva que luego se morigeró hacia una domiciliaria hasta que finalmente se le otorgó la libertad pero con dispositivo electrónico de activación dual, donde la víctima podía ser alertada. Uno de los motivos de este beneficio fue de índole familiar ya que el encartado es exclusivo cuidador de un niño menor de edad con certificado de un serio problema, siendo la única persona sostén. Esta última situación se da el 17 de junio pasado con la resolución de tobillera electrónica con dispositivo dual y se mantenía la prohibición de acercamiento y cualquier tipo de comunicación, por lo que debía mantener todo distanciamiento con la mujer.
Sin embargo, desde el 1ro. de julio se sucedieron una serie de hechos delictivos con persecuciones, hostigamiento, incumplimiento de medidas y amenazas, sumando cinco situaciones que se dieron el día mencionado, el 15 de julio con aproximaciones hasta el mismo lugar donde la víctima acude a trabajar o cuando iba al gimnasio e inclusive en ocasión de dirigirse al domicilio de un amigo, en todos los casos con aproximaciones y amenazas como cuando le gritó que la iba a matar sino devolvía sus cosas. También efectuó publicaciones a través de aplicaciones telefónicas haciendo públicas fotografías de la mujer, que a esta altura ya manifestaba su lógico temor ante la presencia del imputado, que desobedecía deliberadamente la orden judicial dispuesta oportunamente por el Juez Fabio Monti.
En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura de investigación y pidió la imposición de la prisión preventiva, al argumentar sobre los riesgos procesales, quedando la causa a cargo de las fiscales Julieta Gamarra y Claudia Ibáñez, por el delito de desobediencia judicial, cinco hechos en concurso real y uno de ellos en concurso ideal con amenazas, previsto en el artículo 239, 149bis, 54, 55 y 45 del código penal, ley 26485 de protección integral de la mujer y bloque constitucional en la materia.
La Jueza Mirta Moreno, tras escuchar a las partes, inclusive expresiones del propio imputado que trató de justificar alguna de sus actitudes, aseveró que existe una continuidad que no pudo ser cautelada por otras medidas y la persecución llega a tal punto que han hecho modificar el estilo de vida de la víctima, quien se siente desamparada y vulnerada en sus derechos, y hasta ha debido cambiar de domicilio para tratar de evitar la agresión. Para la magistrada está presente la probabilidad de autoría y los riesgos de fuga y entorpecimiento, y no se advierte otra medida para cautelar el proceso que la prisión preventiva, ya que las diversas medidas no han sido tenidas en cuenta. De tal manera dispuso la apertura de investigación por la calificación fiscal provisoria y la prisión preventiva por el término de tres meses en principio.
