En un caso reciente de venta clandestina de carne, dos personas fueron sancionadas con una multa de 800 mil pesos y la obligación de realizar trabajo comunitario, tras ser denunciadas por la comercialización de carne faenada sin la aprobación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ni del área de Bromatología Municipal.
La Procuradora Fiscal Marisol Sandoval y la abogada adjunta del Ministerio de la Defensa Pública, Rosa Sánchez, presentaron un acuerdo de conciliación ante el Juez de Paz Eduardo Ceballos. Este acuerdo establece que, además de la multa económica, los infractores deberán cumplir con diez días de trabajo comunitario en el Hogar de Ancianos «Marí-Marí Peñí».
En un gesto hacia la comunidad educativa, la representante del Ministerio Público Fiscal propuso que los elementos decomisados durante la operación fueran donados a una institución educativa local. Como resultado, el Colegio Agropecuario 725 recibirá dos balanzas electrónicas, una sierra metálica, tres cuchillos, una chaira, una piedra de afilar, una maza y un rollo de bolsas plásticas transparentes.
Por otro lado, se ordenó la destrucción de la carne secuestrada y de los cuadernos utilizados por los contraventores para registrar los movimientos comerciales, con el objetivo de evitar que estos productos vuelvan a circular en el mercado de manera ilegal.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que estén alertas y no compren carne que no haya sido aprobada por Senasa o por Bromatología Municipal, destacando los riesgos para la salud que ello implica. Esta acción refuerza la importancia de la seguridad alimentaria y la necesidad de respetar las normativas vigentes en materia de comercialización de productos cárnicos.
