En medio de un escándalo por denuncias de violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez, el expresidente Alberto Fernández enfrenta un nuevo desafío: la posibilidad de perder su pensión vitalicia y otros beneficios otorgados por su anterior rol como Jefe de Estado. La iniciativa, impulsada por el bloque del PRO y Republicanos Unidos, ha generado un fuerte debate en la esfera política argentina.
El diputado Yamil Santoro, de Republicanos Unidos, fue uno de los primeros en tomar la iniciativa, solicitando al Gobierno nacional que le retire la pensión vitalicia a Fernández, argumentando que el exmandatario ha demostrado «falta de mérito y honor, requisitos esenciales para acceder al beneficio». «Ese delincuente no merece cobrar de nuestros impuestos», afirmó Santoro en declaraciones públicas, subrayando la necesidad de revisar los privilegios otorgados a quienes han ejercido cargos públicos.
Siguiendo esta línea, un grupo de legisladores del PRO, entre los que se destacan Silvana Giudici, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Karina Bachey, José Nuñez, Ramón Bianchetti, Florencia de Sensi y Patricia Vazquez, presentó un proyecto que busca modificar la Ley 24.018 de Jubilaciones y Pensiones. Esta ley actualmente establece asignaciones mensuales y vitalicias para los expresidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema.
El proyecto propone que los beneficios a las personas comprendidas en esta ley cesen en caso de condena por delitos cometidos durante el ejercicio de funciones públicas, con especial énfasis en delitos de corrupción, incumplimiento de deberes y delitos contra la integridad sexual. Además, se solicita la eliminación de las consignas de seguridad proporcionadas por la Casa Militar, argumentando que los actos por los que se denuncia a Fernández ocurrieron durante su mandato presidencial.
La propuesta será girada a las comisiones correspondientes en los próximos días, donde se espera que comience un intenso debate sobre la responsabilidad de los exfuncionarios públicos y los límites de los beneficios que les son otorgados. Este movimiento refleja un creciente malestar social y político en torno a la conducta de quienes han ocupado cargos de poder en el país, abriendo la puerta a posibles reformas en el marco normativo que rige estas cuestiones.
