Los cambios laborales incluidos en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como «ley ómnibus», llevan a extender los períodos de prueba, a fomentar los fondos de cese laboral en detrimento de las indemnizaciones, a eliminar las multas por no registrar a empleados y a autorizar a los empleadores a contratar trabajadores «independientes».
«Es una reforma laboral que es una mentira, porque plantea como objetivos el crecimiento del empleo registrado y de la economía, y se define como una modernización laboral, cuando lo cierto es que el resultado históricamente ha sido exactamente el contrario», afirma a la Agencia Sputnik el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), Matías Cremonte.
El titular de esta asociación, que reúne a 17 agrupaciones de laboralistas de América Latina y el Caribe, endilga a esta reforma laboral dos objetivos «históricos e imperecederos» del capital en su disputa con el trabajo.
«Una, la principal, es el aumento de su rentabilidad, porque todo lo que no es un derecho se transforma en transferencia de ingresos hacia los empresarios. Por otro lado, se fomenta la subordinación: el desempleo condiciona a los trabajadores a renunciar a derechos o a no ejercer su garantía de reclamar o sindicalizarse por el temor al desempleo, un condicionante muy grande», razona el especialista.
EUFEMISMOS A LA CARTA
En una clara copia del modelo que rige en el sector de la construcción, el capítulo laboral menoscaba las indemnizaciones, una manera que tiene el Estado de proteger los puestos de trabajo, con la creación de un fondo de cese laboral que se deduce del sueldo del empleado.
«Si bien para implementarse requerirá del consentimiento del acuerdo con el sindicato, porque solo puede hacerse a través de la negociación colectiva, es falso que eso genere mayor empleo registrado, ya que la actividad de la construcción muestra que en realidad es uno de los ámbitos donde hay mayor empleo no registrado», aclara el abogado laboralista.
El capítulo laboral amplía el período de prueba de tres a seis meses para empresas de más de 100 empleados; de ocho meses para compañías de seis a 99 trabajadores y de un año para pymes de hasta cinco trabajadores.
«La historia demuestra que cuando los períodos de prueba son largos, lo que en realidad ocurre es una mayor rotación de personas, que no son efectivizadas al término del vencimiento de la prueba porque luego se toman otras», observa Cremonte.
En un país que arrastra una informalidad que ronda entre el 35 y el 40 por ciento, la reforma laboral posibilita que un empleador contrate hasta cinco empleados como trabajadores independientes (monotributistas, en Argentina), para llevar adelante un negocio productivo.
«El caso de los trabajadores independientes es lo más profundo de la reforma: van a existir empresas que van a contratar gente pero no van a tener trabajadores, sino autónomos independientes», aclara el presidente de ALAL.
Aunque ha sido presentada como una «modernización laboral», esta iniciativa «implica una gran fuga del derecho laboral, el cual nació como un nuevo contrato de trabajo, como respuesta a ese tipo de relaciones que existían anteriormente y estaban regidas por el derecho social o civil», contextualiza Cremonte.
Las empresas que se acojan a esta modalidad de contratación se pueden ver tentadas con «ese canto de sirena que supone tener una empresa sin trabajadores dependientes», apunta el abogado. No obstante, tendrían las de perder en un juicio promovido por un trabajador, porque «los principios generales del derecho del trabajo no se pueden eliminar de un plumazo con una reforma legislativa».
En este retroceso del marco normativo laboral, se reducen las multas para quienes contratan de manera irregular. En paralelo, se legalizan los despidos por discriminación, pues la única penalidad es un agravamiento de la indemnización, cuando hasta ahora se consideraban nulos y el trabajador debía ser reincorporado.
«No son las leyes laborales las que crean empleo o que contribuyen al desempleo: es la política económica», sentencia Cremonte.
La «ley ómnibus» todavía debe ser tratada en el Senado para tener su sanción definitiva. El Gobierno que preside Javier Milei, en minoría parlamentaria, confía en conseguir los votos con los bloques opositores dialogantes.
Pero la principal central sindical del país, la Confederación General del Trabajo (CGT), promete ir senador por senador para lograr el rechazo de la norma. En un desafío al Ejecutivo, ha organizado para el jueves 9 de mayo una huelga general que busca movilizar a miles de personas en todo el país. Desde las calles, está planteada la resistencia. (Sputnik)
