Ante el anuncio del tratamiento de la fórmula o el mecanismo para la actualización de los haberes jubilatorios por parte del Congreso nacional en estos días, desde la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la R.A. se fijo una clara postura, que consta de reclamar como primer punto que los haberes jubilatorios sean “determinados a partir de la aplicación del 82 % móvil sobre el salario del trabajador activo al momento de jubilarse”.
Pese a ello, en función de la desesperante situación de millones de jubiladas y jubilados por el deterioro creciente del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, “reiteramos que resulta imprescindible un urgente aumento de emergencia que garantice que el Haber mínimo sea equivalente al monto de la Canasta básica de una Persona mayor calculado por la Defensoría de la Tercera Edad de CABA y así proporcionalmente al resto de la escala”.
En ese sentido se reclamó que no se achate más “la escala de haberes, no más financiación entre jubilados. Es decir, basta de aplicar el perverso mecanismo de que los menos pobres financien a los más pobres mientras se sigue eximiendo a grandes grupos económicos de efectuar las contribuciones patronales al sistema previsional para garantizarles mayores ganancias y aceptando como si nada el fraudulento e ilegal trabajo no registrado. Sobre esta base deberán hacerse las posteriores modificaciones. Calcular los nuevos montos sobre haberes miserables, sean cuales sean las variables utilizadas, sólo dará como resultado nuevos haberes miserables. No caben dudas que los ingresos jubilatorios son parte del ajuste que le impone a nuestro país el FMI y sus representantes. En particular le sirvió recientemente al gobierno nacional para jactarse de disminuir el famoso déficit fiscal. Lo hizo a costa del hambre de millones de seres humanos”, enfatizaron.
La mesa coordinadora advirtió que “independientemente de lo que resuelva el Congreso cualquier modificación deberá ser retroactiva al 1° de diciembre de 2023 como una forma de paliar, aunque sea en parte, el devastador efecto del aumento de la carestía de vida en la economía de jubiladas y jubilados. Por lo tanto, sostenemos nuestra consecuente lucha por la creación de un nuevo y verdadero sistema previsional público, de reparto, solidario, intergeneracional, conducido y administrado por trabajadores activos y jubilados y con la participación minoritaria del Estado como garante del mismo. Sólo de esa manera se podrá garantizar la vigencia y respeto de los derechos de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados e impidiendo de esa manera que la suerte de la población adulta mayor sea una simple variable económica-financiera al servicio del gran capital nacional y transnacional”, agregaron.
Junto con ello se exigió al Congreso de la Nación el urgente rechazo “del DNU 20/73 por inconstitucional y por entrañar una ilegal reforma constitucional con la que pretenden gobernar Milei y sus aliados” y una convocatoria a la mayor Unidad de acción posible de las organizaciones y sectores populares y de trabajadores para enfrentar las políticas de ajuste y represión que nos ofrece el actual gobierno con la complicidad de sectores políticos aliados como lo son la gran mayoría de los gobernadores de las provincias”.
