El Gobierno argentino analiza todas las herramientas a su alcance para avanzar con el proyecto de «ley ómnibus», una iniciativa que delega facultades legislativas en el presidente y cuyo tratamiento fracasó en la víspera en la Cámara de Diputados.
«Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas y se tomará la decisión de ir por el camino que creamos más correcto y que revista mayor celeridad», dijo este miércoles el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo,
La denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que en la Cámara de Diputados volvió a foja cero por decisión del presidente a raíz del rechazo de algunos artículos y la aprobación con modificaciones de otros, «va a transformarse en una realidad» cuando «los legisladores estén a la altura de las circunstancias», puntualizó el funcionario.
«Por supuesto, el déficit cero sigue siendo nuestra prioridad; estamos en vías de alcanzar el superávit fiscal y financiero, y la inflación sigue bajando», ponderó Adorni.
En ese marco, los objetivos que se ha planteado el Gobierno con su plan de estabilización «los vamos a alcanzar con o sin ley».
El portavoz del presidente reconoció que «se rompió un pacto previo a la sesión que había para efectivamente avanzar con la aprobación en particular» de cada artículo de la «ley ómnibus», que facultaba al presidente a legislar en virtud de una declaración de emergencia que afectaba seis áreas.
«Revisen los listados de las votaciones y se van a dar cuenta quiénes actuaron de mala fe o actuaron en contra de lo que quiere la gente», invitó Adorni.
Desde Israel, donde se encuentra de visita oficial, el presidente arremetió horas antes contra los diputados que rechazaron algunos de los artículos de la «ley ómnibus» durante la votación en particular que realizó el plenario el martes.
Quienes se opusieron a la iniciativa del oficialismo quedan «del lado de los ladrones, estafadores, corruptos y mentirosos que han hundido a Argentina», sentenció el jefe de Estado.
Durante su catarsis, el jefe de Estado aseguró que el programa de estabilización de la economía argentina no se agota en la «ley ómnibus», la cual, por orden del presidente, volverá a las comisiones parlamentarias para comenzar de nuevo su tratamiento, pese a que el viernes había sido aprobada en términos generales en la Cámara de Diputados.
El mandatario también arremetió en la noche del martes contra los gobernadores del país, a los que acusó de «traicionar a sus votantes» pese a que «llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio».
APOYO Y ACUSACIONES
Antes de reconocer que la ley volvía a comisiones, la coalición gobernante La Libertad Avanza (ultraderecha) advirtió el martes en las redes sociales que «la traición» se pagaba «cara» y que no iba «a permitir que los gobernadores» extorsionaran «al pueblo para mantener sus privilegios».
La cámara baja había aprobado horas antes por 134 votos afirmativos y 121 negativos el primer artículo de la «ley ómnibus», que declara la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
El plenario también avaló, por 134 votos afirmativos y 119 negativos, el capítulo tres, que delega facultades legislativas en el presidente, Javier Milei, por el plazo de un año, prorrogable a otro más.
El primer contratiempo surgió al tumbar tres apartados del artículo cuatro que declinaban la posibilidad de que el presidente legisle sobre fondos fiduciarios, sobre la regulación del sector energético y sobre el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad.
La coalición gobernante también fracasó al momento de encarar cada capítulo en particular del artículo cinco, que ampliaba las facultades legislativas del jefe de Estado.
De los seis incisos con los que contaba esta norma, solo fue aprobado el B, que habilita al presidente a mejorar la profesionalización de las carreras administrativas en base al mérito y al logro de metas.
El oficialismo no pudo sacar adelante el resto de incisos, que hubieran permitido al jefe de Estado a regular el funcionamiento interno del sector público nacional, a fusionar o disolver áreas de la administración pública, a suprimir funciones superpuestas o intervenir en las empresas estatales o a eliminar fondos fiduciarios.
El Gobierno sí había logrado consenso suficiente para aprobar el artículo seis, que permite al Poder Ejecutivo concentrar en un marco normativo el régimen de contrataciones.
Pese a su aprobación en términos generales el viernes, el proyecto del oficialismo fue rechazado en varias movilizaciones desde el miércoles, cuando comenzó su tratamiento en Diputados.
Las protestas fueron reprimidas por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, que se escudó en el protocolo antipiquetes que impide el corte del tránsito para avanzar contra los manifestantes.
Se trata de la primera derrota legislativa del oficialismo, que asumió el Gobierno el 10 de diciembre.
