Hace unas semanas, el Gobierno nacional permitió a las escuelas privadas de todos los niveles establecer el costo de sus aranceles mensuales sin límites, al derogar una norma que estaba en vigor desde 2019. Esta norma requería que las escuelas privadas comunicaran sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, la cual analizaba estos costos para autorizar aumentos. La derogación de esta norma se basó en la idea de que la relación entre las escuelas privadas y los estudiantes es similar a un contrato de adhesión, en el cual la escuela establece las condiciones generales a las que los estudiantes están sujetos.
Como resultado, las escuelas y universidades privadas ahora tienen la libertad de ajustar los costos y establecer condiciones de acceso a sus servicios con menos restricciones. Esta medida se produce poco antes de que las escuelas secundarias comiencen a ayudar a los estudiantes que necesitan recuperar materias de ciclos anteriores. También se da en medio de un debate incipiente sobre si Argentina debería cobrar aranceles por la educación universitaria para extranjeros.
