Una jueza de Esquel había ordenado suspender la extraordinaria

Ante un escrito presentado por los sectores antimineros

 

La jueza civil de Esquel, Alicia Arbilla, ordenó de oficio la suspensión de la sesión extraordinaria que el gobernador Mariano Arcioni había convocado para tratar el controvertido proyecto de zonificación minera.

El fallo de la jueza se conoció hace instantes pero es previo a la determinación que adoptó (ver aparte) la comisión de receso de la Legislatura que entendió que, pese al apuro del Ejecutivo, no estaban dadas las condiciones para la realización de la extraordinaria.

Arbilla falló luego de que el Superior Tribunal de Justicia se declarara incompetente y dispusiera la  devolución del expediente al Jugado de Origen, el cual aún no ha sido recibido.

“Por otra parte,  en el día de la fecha,  la parte actora presentó un escrito en formato papel  (ya que el sistema no permite el ingreso de escritos digitales cuando el expediente se encuentra fuera del Juzgado)  con pedido de pronto despacho,  informando que el Gobernador, Sr.   Mariano Arcioni,  habría convocado a sesión extraordinaria para el día 5/2/2021 a las 8 hs. para que la Legislatura trate  de manera virtual el Proyecto Ley 128/20, cuya nulidad se pretende en autos  conforme se visualiza en las piezas digitalizadas en el sistema Libra  que tengo a la vista en este acto. Por esta razón solicita que se resuelva la medida autosatisfactiva planteada”, indicó la jueza.

Arbilla indicó en su escrito que no podía dejar de “señalar que la rapidez del proceso nunca puede implicar el desprecio del principio de contradicción, razón por la cual entiendo necesario garantizar  un mínimo e indispensable contradictorio….” Luego de lo cual explicó que con la medida cautelar no afectaba peligro alguno, como puede ser en un caso de vida o muerte, por lo cual era necesario garantizar “los derechos de ambas partes y  el resguardo del debido proceso”.

“No puedo dejar de señalar que resolviéndose la cuestión de fondo sin haber escuchado a la otra parte, como lo pretenden los actores, se corre el riesgo de vulnerar cuanto menos dos derechos de raigambre constitucional: el de ser oído  y el debido proceso (arts. 16, 18 , 75 inc. 22 y cctes. de la Constitución Nacional y art. 8° del Pacto de San José de Costa Rica). En consecuencia, a fin de evitar de evitar situaciones como las señaladas, una vez recibido el expediente físico y la documental del STJ se proveerá el traslado respectivo”, acotó la magistrada.

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